La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó su respaldo al Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, aprobado en primera lectura por el Senado, y exhortó al Congreso Nacional a continuar con su aprobación definitiva por considerar que representa una transformación estructural del régimen de compras del Estado dominicano.
Finjus destacó que la contratación pública es una herramienta clave para el desarrollo económico, la inclusión social y la transparencia institucional, por lo que requiere de un marco normativo moderno, robusto y alineado con los estándares internacionales.
La entidad calificó la propuesta como el resultado de un proceso participativo y técnicamente sólido, que ha recogido aportes del sector público y privado, la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y ciudadanía en general. Indicó que el proyecto soluciona debilidades históricas de la Ley 340-06, como el fraccionamiento de procesos y la delegación irregular de competencias.
Asimismo, resaltó el impacto directo de esta normativa en sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura, energía y agricultura, así como en la atracción de inversión privada y la competitividad nacional. Subrayó además que la iniciativa promueve la inclusión de las Mipymes y empresas lideradas por mujeres, con una reserva presupuestaria del 30 %, y fomenta prácticas de compras sostenibles en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En materia de integridad, el proyecto fortalece los controles institucionales y sociales, mejora el acceso a la información y establece criterios objetivos para prevenir prácticas discrecionales, lo que a juicio de Finjus, contribuirá a la reducción del clientelismo y al fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La organización también valoró positivamente el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y su preparación para asumir la implementación de la nueva legislación, incluyendo la adecuación de plataformas tecnológicas y la capacitación del personal.
“Esta no es solo una reforma legal, sino una apuesta institucional por la transparencia, la eficiencia y el desarrollo. Instamos a que el Proyecto de Ley sea aprobado en segunda lectura y ratificado por la Cámara de Diputados para su pronta entrada en vigor”, concluyó Finjus.
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