La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó este martes su preocupación ante una serie de casos recientes que evidencian graves fallas en el sistema de justicia penal dominicano, en los que personas privadas de libertad permanecieron detenidas por períodos que exceden los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Entre los hechos más alarmantes, la organización destacó el caso de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, desde 2006, hasta que la intervención de la Defensa Pública logró su liberación en 2026. Asimismo, señaló que 13 personas estuvieron detenidas más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que solo se resolvió mediante una acción de hábeas corpus.
"La libertad es la regla, su restricción es la excepción"
En un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS subrayó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de fallas acumuladas en el sistema de justicia penal: procesos que se extienden más allá de lo razonable, falta de seguimiento de expedientes y una prisión preventiva que, en la práctica, termina operando como una condena anticipada.
"La privación de libertad es una de las manifestaciones más agudas del poder del Estado sobre una persona. Precisamente por ello, no puede ejercerse sin límites, sin controles y sin revisión".Servio Tulio Castaños Guzmán
FINJUS recordó que la Constitución dominicana consagra la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva como derechos que no desaparecen cuando una persona ingresa a un destacamento o una cárcel, independientemente de la gravedad del delito imputado o de la presión social existente.
Responsabilidad institucional compartida
La organización hizo un llamado directo a las instituciones que integran el sistema de justicia penal, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos de administración penitenciaria, para que garanticen que ninguna persona permanezca privada de libertad por ineficiencia, dilaciones o falta de coordinación del propio sistema.
"Cuando estos controles fallan, el problema se convierte en una afectación directa al Estado de derecho", señaló el comunicado.
FINJUS también precisó que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicamente distintas que no pueden recibir el mismo tratamiento, y que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
La entidad concluyó que cualquier acto de privación de libertad que exceda los límites legales debe ser revisado y corregido con urgencia por las autoridades competentes, y que la firmeza del Estado frente al delito no puede confundirse con la ausencia de límites constitucionales.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}