La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este martes sobre los riesgos del proyecto de reforma al Código Penal actualmente en discusión, considerando que contiene vacíos normativos que vulneran los derechos humanos.

Mediante un comunicado, la institución explicó que el proyecto de reforma plantea preocupaciones en materia de derechos fundamentales, indicando que la falta de disposiciones que aborden situaciones de emergencia médica, violencia sexual o condiciones incompatibles con una vida digna, como en el caso de la interrupción del embarazo bajo tres causales, lo que, a su entender, representa una laguna jurídica que puede generar consecuencias adversas en la salud, la seguridad y la integridad personal.

Asimismo, Finjus manifestó su preocupación por la reducción de penas para ciertos delitos de naturaleza sexual, así como la posibilidad de prescripción en contextos donde existe una relación previa entre la víctima y el agresor.

En cuanto al tratamiento normativo de delitos como el feminicidio, la institución precisó que presenta desafíos relevantes, ya que debe evitarse que su formulación limite la efectividad de su aplicación y que genere ambigüedades en su interpretación judicial.

Finjus ponderó que un Código Penal moderno no sólo debe incorporar nuevos tipos penales que respondan a la realidad del crimen organizado y la violencia estructural, sino que debe asegurar un enfoque de justicia penal que garantice la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como quienes enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad.

Además, destacó que es necesario abordar los puntos que han generado preocupaciones legítimas, garantizando una legislación penal con mayor delimitación y un balance adecuado entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad.

“Esta reforma debe ser un paso clave para fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la confianza pública en el sistema de justicia dominicano”, destacó.

Hizo un llamado para que el proceso legislativo garantice que el nuevo Código Penal sea un instrumento al servicio de la justicia, la equidad y la protección integral de los derechos.

Finalmente, Finjus manifestó la necesidad "urgente" de una reforma al Código Penal Dominicano, al considerar que su obsolescencia representa uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento del Estado de derecho y la adecuación del sistema de justicia a las exigencias del siglo XXI.

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