| Esta es la segunda parte de la serie: Violencia de género, más allá de las estadísticas en República Dominicana, en colaboración con las periodistas de Justicia y Política Mery Ann Escolástico y Ana Esmirna Ferreira, respectivamente. |
La fiscalía es el último eslabón en una cadena de decisiones difíciles. Una mujer recuerda toda la violencia sufrida al lado de su pareja durante los últimos años. Espera que su testimonio sea escuchado y evaluado por el sistema de justicia. Anhela justicia y protección.
A medida que avanza por el pasillo, la mujer siente el peso de la incertidumbre. El tribunal es el lugar donde la verdad puede prevalecer, pero también es el espacio donde la frágil frontera entre la justicia y la desconfianza se puede diluir.
De hecho, el 74.3 % de la población general considera que el Poder Judicial ayuda “mucho o algo” a erradicar la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el Observatorio del Poder Judicial al 2021.
En la ventanilla de recepción, una secretaria le indica que se siente en una silla mientras su abogado presenta los documentos. La mujer observa atentamente el edificio: las paredes frías, los pisos de cerámica que resuenan con cada paso. Sabe que, en el proceso que está a punto de comenzar, tendrá que revivir los momentos más dolorosos de sus últimos años.
Su abogado le explica en voz baja los siguientes pasos. Habrá entrevistas, análisis de pruebas, y una declaración formal. Este es solo el inicio del proceso, le dice para tranquilizarla, aunque sabe que el camino es largo.
Con los papeles firmados y el expediente oficialmente abierto, la querella está registrada en el sistema judicial dominicano, y se suma a los 9,084 casos judiciales abiertos que registran la Procuraduría de la República y el Ministerio de la Mujer entre enero y septiembre del 2024, un 70.4 % menos que los 30,772 de igual período del año pasado.
La fiscalía, como institución encargada de la persecución de los delitos, toma el caso en sus deberes de oficio, al definir la violencia basada en género cuando existen comportamientos discriminatorios, además de un estigma basado en conceptos de inferioridad, sometimiento o subordinación por razón de género.
Sin embargo, su caso se evaluará, y será parte de las 40,533 denuncias de violencia de género e intrafamiliar que fueron puestas en el Poder Judicial desde enero hasta agosto de este año, de las cuales, 13,667 fueron clasificadas como violencia de género del Código Penal 309-1; y 26,866 denuncias de violencia intrafamiliar avaladas en el Código Penal 309-2.
Entre 2017 y 2022, la Procuraduría de la República señala 298,016 casos sometidos por diferentes tipos de violencia, de los cuales 3,582 fueron casos sometidos por el delito de violencia de género, o sea, el 1.2 %.
El portal de transparencia de la Procuraduría General de la República contabilizó 67,443 casos registrados entre enero-mayo del 2024 en las fiscalías dominicanas. De estos, la violencia de género se ubicó en séptimo lugar con una incidencia de 6.4 %, con 4,318 delitos registrados.
De ese número, mujeres como Yésica, Diana, Ramona, Daniela y Yamilka terminaron enterradas bajo 10 metros de tierra, y una lápida que dice “Descansa en paz”.
Ellas fueron parte de las 48 féminas víctimas de las decisiones de sus verdugos de arrebatarles la vida y truncar su futuro en 2024.
Las cifras son escalofriantes. Desde el 2005 hasta junio de 2024, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 3,414 homicidios de mujeres y feminicidios en el país.
Más recientemente, la División de Estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Departamento de Estadísticas y Cartografía de la Policía Nacional reportaron que, de 2023 a 2024, el 38 % de estos delitos se cometieron con armas blancas. Estos datos subrayan la brutalidad con la que muchas mujeres son asesinadas, un reflejo de la violencia estructural que persiste en la sociedad.
Condenas por violencia de género en RD: ¿Son suficientes?
Los feminicidios, la forma más agresiva de la violencia basada en género, siguen sucediendo a nivel global. Y no es para menos. La Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enfatiza que hasta el 76 % de las mujeres ha vivido episodios de violencia basada en género (VBG) en América Latina y el Caribe, por lo que sigue siendo un problema de alarmante magnitud en todo el mundo.
El contexto global resalta la gravedad de un fenómeno que no distingue fronteras y sigue exigiendo respuestas de los Estados y de la sociedad civil. Esto se debe, además, a que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981) establece que los Gobiernos deben adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otros caracteres con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.
Pese a esto, en República Dominicana, el tratamiento jurídico del feminicidio sigue siendo una asignatura pendiente. A noviembre del 2024, el Código Penal no contempla esta figura de manera específica, por lo que los crímenes de este tipo se tipifican como homicidios, de acuerdo al Artículo 295, con una pena máxima de 30 años de prisión.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las órdenes de alejamiento también llamadas órdenes de protección, ya que muchas de las víctimas de feminicidios han utilizado este mecanismo contra sus parejas o exparejas.
“Este documento no es impedimento para cometer el crimen”, reflexiona.
Su pensamiento va acorde a las 28,338 órdenes de protección emitidas entre enero y septiembre del 2024 por la Procuraduría General de la República (PGR). A pesar de que existe este mecanismo legal, siguen sucediendo casos como el de Diana Aimé Castillo Mora, quien días antes de su muerte violenta había puesto una orden de alejamiento contra su expareja Hansel Julián Pacheco Rodríguez, de 21 años.
Pero, el abogado Jean Cristofer Pérez enunció que el rol de la justicia en todos los sistemas consiste en garantizar el acceso a la protección y reparación de las víctimas, procesar a los responsables de acuerdo con la ley, y promover la prevención de la violencia de género.
Las sanciones establecidas en el Código Penal dominicano buscan penalizar a los culpables y restituir los bienes dañados. Sin embargo, “la efectividad del sistema judicial depende de la implementación de protocolos, la rapidez en el acceso a la justicia, y la sensibilidad de los actores judiciales hacia las víctimas, pues aún en materia de prevención seguimos en pañales”.
Su homóloga, Paola Romero, ofrece un panorama similar, ya que consideró que el sistema judicial enfrenta desafíos significativos en cuanto a accesibilidad para mujeres víctimas.
Mencionó factores como la revictimización, la lentitud de los procesos, la falta de protección efectiva, y las barreras económicas o geográficas, elementos que “dificultan que muchas mujeres accedan a la justicia de manera efectiva, aunque hay esfuerzos en curso para mejorar la situación, aún queda un largo camino por recorrer”, indicó Romero.
Mejoras en la legislación que permanece en el banco de espera desde 1884
El Código Penal dominicano establece que los culpables de los delitos previstos en violencia contra la mujer e intrafamiliar serán castigados con la pena de un año a cinco años, una multa de RD$ 500 a RD$ 5,000, y la restitución de los bienes destruidos, dañados y ocultados, si fuere el caso.
De acuerdo con Jean Cristofer Pérez, abogado, las multas actuales no son proporcionales a la gravedad de los delitos y, en muchos casos, carecen de un impacto significativo en la prevención.
“Además, la falta de aplicación estricta de estas sanciones envía un mensaje de impunidad”.
La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO) consideró que cada caso representa una falla colectiva, una tragedia que podría haberse prevenido con educación, conciencia y acción.
“La verdadera solución no radica únicamente en castigar a los agresores, sino en cambiar los patrones culturales que permiten que esta violencia persista. Todos debemos comprometernos a ser parte activa de este cambio, desde nuestra familia hasta nuestras comunidades y los espacios de trabajo”, aseguró su titular Verónica Núñez.
Además, agregó que la justicia no solo se debe hacer desde el sistema legal, sino también en la forma en “que nos relacionamos, educamos y protegemos a los más vulnerables”.
El Ministerio de la Mujer considera, en una nota de prensa, que si bien la tipificación del feminicidio es un avance significativo, al agregar un párrafo que hace víctima “a los hombres en las mismas circunstancias” deslegitima el propio avance y desconoce el hecho de que las mujeres son asesinadas sistemáticamente por motivos culturales, de desigualdad y estereotipos de género; los cuales no se corresponden con los homicidios de hombres.
Bajo presupuesto limita acciones de los sistemas judiciales
En República Dominicana existe la Ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar, con enfoque en sancionar y prevenir la violencia, así como en definir los delitos y las penas relacionadas con estos crímenes.
A pesar de este avance, aún persisten debilidades en la legislación, como la falta de un marco legal que reconozca las complejidades del feminicidio. Como en el caso de Paula Santana Escalante, encontrada sin vida en una alcantarilla en la empresa donde laboraba, en febrero del 2024. El sistema falló a favor de los supuestos implicados en su muerte, al no contar con suficientes elementos de prueba para sustentar una acusación en su contra.
Verónica Núñez, presidenta de la organización Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ANMEPRO), reconoció los avances significativos en el marco legal dominicano, aunque aclaró que es imprescindible una reforma estructural que dote a los operadores de justicia de los recursos, herramientas y formación necesarios para aplicar la ley con sensibilidad y eficacia.
“Solo con un enfoque integral, que abarque tanto la legislación como su aplicación efectiva, podremos erradicar la violencia de género en nuestro país”, mencionó.
Citó que un obstáculo recurrente es la falta de recursos y personal especializado en las fiscalías y juzgados encargados de estos casos. Asimismo, refirió que, aunque la ley establece la obligación de brindar protección inmediata a las víctimas, “la respuesta del sistema muchas veces se ve limitada por la falta de seguimiento a medidas cautelares, lo que puede generar revictimización y una percepción de impunidad”.
De hecho, Violeta Quezada, encargada de Red de Fraternidad de Supérate,también reflexionó que el sistema judicial dominicano debe poner mayores esfuerzos en el tema.
“La justicia sigue brillando por su incapacidad para dar respuesta eficiente a las problemáticas de la gente que no tiene recursos”, acotó. Sin embargo, el flagelo que ya le ha arrebatado la vida a más de 48 féminas en este año, también enfrenta debilidad financiera.
“Lamentablemente los órganos que percibimos el tema de la violencia también siguen siendo la cenicienta del Estado, ya que no disponen de recursos suficientes muchas veces”, consideró en conversación con ACENTO.
Según la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Estado dominicano ha ejecutado RD$ 6,870.9 millones, o el 68.3 % para reducir la brecha de género, hasta noviembre del 2024. El presupuesto es de RD$ 10,057.2 millones. Sin embargo, la categoría de acciones de prevención, atención y protección de violencia de género apenas es de un 7.9 %, con RD$ 539.5 millones.
A nivel general, el presupuesto vigente de República Dominicana se sitúa en RD$ 1 billón 574,463.9 millones. Entidades como el Ministerio de la Mujer cuenta con un presupuesto vigente de RD$ 1,506.5 millones, el del Tribunal Constitucional es de RD$ 1,825.4 millones, Conani unos RD$ 1,315.6 millones y Supérate de RD$ 3,601.1 millones.
Ante esto, el abogado Jean Cristofer Pérez afirmó que aumentar recursos en el sistema judicial, que actualmente es de RD$ 9,544 millones según las estadísticas de Digepres, permitirá más jueces y fiscales especializados, y mejores herramientas para investigar casos de violencia de género.
Pérez acotó que un programa de concienciación social trabajaría en programas preventivos que promuevan la igualdad de género y eduquen sobre las consecuencias legales de la violencia.
El enfoque regional: América Latina y el Caribe
Al 2022, 1.5 casos por cada 100,000 mujeres fueron víctimas del feminicidio en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) considera que unos 48,800 casos de feminicidios fueron ejecutados por parejas sentimentales, para una cifra de 133 víctimas cada día.
América Latina y el Caribe son regiones especialmente afectadas por la violencia de género. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 32 países reportaron feminicidios durante el último año.
Ante estas muertes violentas, ONU Mujeres es un poco más alentador: la región ha unido esfuerzos para tipificar el delito de feminicidio, al 2018. En México, por ejemplo, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, que define como tal a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
En Argentina, el Código Penal establece “reclusión o prisión perpetua”, mientras que el homólogo de Bolivia establece una pena de 30 años de prisión. En el caso de Brasil, la prisión varía entre 12 y 30 años por el asesinato de una mujer por razón de género. Mientras, en Colombia, es de hasta 41 años de cárcel.
A pesar de los esfuerzos legislativos, como la tipificación del feminicidio en varios países de la región, las cifras siguen siendo desoladoras, con miles de mujeres, incluidas niñas y adolescentes, siendo víctimas de asesinatos violentos debido a su género.
Un caso de estos fue la noche del 22 de octubre de este año, cuando Endry Rigoberto Alonzo Pérez (40 años), atacó a su cuñada Daniela Elías Sandoval ocasionando la muerte con un pico de construcción. El hecho, ocurrido en Boca Chica, Gran Santo Domingo, le cegó la vida a la adolescentes de 18 años.