La familia Acosta Cairus denunció este lunes haber sido víctima de un desalojo que califican como “ilegal y arbitrario” en una propiedad ubicada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, al tiempo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades para esclarecer el caso.
La abogada de la familia, Elizabeth Silver, aseguró que el operativo fue ejecutado el pasado jueves 7 de mayo, alrededor de las 3:00 de la tarde, en el inmueble situado en la calle Salvador Espinal Miranda esquina Caonabo No. 1, por personas que se presentaron acompañadas de agentes policiales y exhibiendo un supuesto título de propiedad.
Ejecución del desalojo
Según explicó la jurista, la ejecución se realizó sin la debida autorización de Fuerza Pública emitida por la Fiscalía del Distrito Nacional o por el Abogado del Estado, requisito que afirmó es indispensable para validar cualquier proceso de desalojo.
“Estamos ante una violación flagrante a los procedimientos establecidos. Nadie puede proceder con una ejecución de esta naturaleza si no cuenta con el amparo de la Fuerza Pública legalmente otorgada”, expresó Silverio.
La representante legal sostuvo además que detrás del caso existiría una estructura dedicada a identificar propiedades temporalmente deshabitadas para posteriormente iniciar procesos fraudulentos de deslinde y transferencia.
Modus operandi de la red
“Esta red busca propiedades que estén prácticamente vacías. En nuestro caso tenemos posesión permanente porque hay una persona que cuida la vivienda, pero eso no significa que no tenga dueño”, manifestó.
Silverio explicó que el conflicto se habría originado en la jurisdicción inmobiliaria mediante un supuesto “montaje” relacionado con un proceso de deslinde de la parcela 110 reformada 780, del Distrito Catastral número 4.
Asimismo, cuestionó la legitimidad de una empresa identificada como Industria Nacional de Carnes, señalando que supuestamente figura como propietaria inicial del inmueble, pese a que según dijo su domicilio sería inexistente.
“Esa compañía es fantasma. Las personas que aparecen como accionistas tienen el mismo domicilio de la empresa y cuando el alguacil fue al lugar determinó que allí no había nada”, afirmó.
La abogada indicó que posteriormente la propiedad habría sido transferida a terceros hasta culminar con el alegado desalojo de la familia.Los hermanos Altagracia, Félix, Clara y Luis Acosta Cairus expresaron su consternación por la pérdida del control de la vivienda y sostuvieron que sus derechos de propiedad han sido vulnerados.
La familia hizo un llamado a las autoridades judiciales y al Ministerio Público para que investiguen el origen de la orden ejecutada y se restablezca la legalidad en el proceso.
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