En gestión de Donald Guerrero, Hacienda realizó pagos superiores a RD$ 61 mil millones sin aprobación de Contraloría

Durante la administración de Donald Guerrero, el Ministerio de Hacienda realizó pagos relacionados con deudas públicas por un valor de RD$ 61,244,484,216, según una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) que concluyó que estos desembolsos se efectuaron sin cumplir los procedimientos de supervisión establecidos por la Contraloría General de la República (CGR).

El informe de fiscalización realizado sobre los expedientes de pago gestionados por la Dirección General de Deudas Públicas del Ministerio de Hacienda evidenció que de un total de 1,258 libramientos procesados durante el período en análisis, únicamente 338 —equivalentes a un monto acumulado de RD$ 16,980,826,220— fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su supervisión.

De acuerdo con la auditoría, los 920 libramientos restantes, cuyo monto total es de RD$ 44,263,657,996, no pasaron por el proceso de validación adecuado. Esta situación puede sugerir posibles irregularidades o fallas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad de control interno del Estado.

“De manera general y en base a (sic) los resultados obtenidos del análisis comparativo realizado, se puede apreciar que existe discrepancia de importancia relativa de novecientos veinte (920) libramientos que representan un monto de RD$ 44,263,657,996, que no figuran en la relación de expedientes validados por la Contraloría General de la República”, indica el documento.

Estos pagos considerados irregulares fueron emitidos a través de los capítulos 0998 y 0999, correspondientes a partidas presupuestarias destinadas a la cuenta de deuda pública y otras aplicaciones financieras. Según lo revelado por la investigación especial, dichos pagos se efectuaron sin cumplir con los procedimientos de transparencia establecidos, lo que dio lugar a irregularidades que violaron normativas y resoluciones que regulan el gasto gubernamental.

Diferencias entre lo contratado y lo pagado

Durante el proceso de fiscalización a los estados financieros del Ministerio de Hacienda correspondientes al período señalado, los peritos identificaron irregularidades significativas en la documentación utilizada para respaldar los libramientos por un monto de RD$ 1,121,681,679 a favor de contratistas de obras.

De acuerdo con el informe, se determinó que la documentación entregada a los auditores no corresponde al objeto del contrato que originó la deuda, lo cual genera dudas sobre la validez de los pagos realizados.

Además, se detectaron inconsistencias en los presupuestos, cubicaciones de adicionales y órdenes de cambio, las cuales alteran tanto la localización como la naturaleza de las obras ejecutadas, sugiriendo una posible desviación respecto a los términos contractuales iniciales, precisa el documento.

La Cámara de Cuentas señala que las irregularidades identificadas en los expedientes de estas obras constituyen infracciones a lo dispuesto en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado, específicamente en el artículo 3, numeral 6, que establece lo siguiente:

“Principio de responsabilidad y moralidad. Los servidores públicos estarán obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad del contratista y de terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Las entidades públicas y sus servidores responderán ante la justicia por las infracciones legales”.

Pagos con documentación irregular

En la investigación especial realizada al Ministerio de Hacienda, se verificó que las autoridades efectuaron pagos correspondientes a deudas administrativas por un monto ascendente a RD$ 143,660,926. Estos desembolsos fueron respaldados por facturas que presentaban irregularidades, tales como números de comprobante fiscal inválidos o vencidos, lo cual podría evidenciar deficiencias en los controles internos del proceso de validación fiscal.

Durante el período auditado, el ministerio pagó RD$ 46,760,273 de un expediente enviado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, se descubrió que las facturas que respaldaban estos pagos no estaban a nombre del ministerio, sino de otra entidad. Esta irregularidad indica posibles fallos administrativos o el incumplimiento de los procedimientos de pago gubernamentales.

Los desembolsos realizados por Hacienda comprenden seis facturas cuyo beneficiario fue el Banco de Reserva de la República Dominicana; sin embargo, como contratista se registra la firma Daniel Medina & Asociado. Es importante señalar que todas las facturas fueron presentadas en el período comprendido entre marzo y abril de 2016.

Contratos sin monto especificado

El informe pericial sobre la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrera (2016-2020), señala que se realizaron pagos al Banco de Reservas por un total de RD$ 4,906,161,497. Estos pagos corresponden a transferencias de crédito hechas por el Estado, aunque los contratos relacionados no detallan el monto total del bien o servicio que la entidad pública debía adquirir.

De acuerdo con el órgano superior de fiscalización, dichas operaciones contravinieron la normativa vigente sobre compras y contrataciones, específicamente lo dispuesto en el artículo 28, que expresa lo siguiente:

“El contrato, para considerarse válido, contendrá cláusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio económico financiero, garantías, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidación, solución de controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratación y con las condiciones que establezca el reglamento de la presente ley”.

Pagos con documentación incompleta

Durante el trabajo de campo, los auditores verificaron desembolsos realizados por el Ministerio de Hacienda por concepto de deudas administrativas, ascendentes a RDS 30,020,914,387. Estos desembolsos no cuentan con la documentación justificativa necesaria, como facturas, contratos o informes técnicos, para validar la veracidad, el origen y la existencia de los bienes, servicios y obras adquiridas.

Para autorizar pagos, según la Cámara de Cuentas, la Dirección de Reconocimiento de la Deuda Administrativa debe solicitar la carta de solicitud de pago, autorización del Ministerio de Hacienda, orden de compra o servicio, contrato, facturas originales, comprobantes de recepción, informe y aprobación del trabajo, análisis de costos, registro del proveedor, certificaciones de DGII, TSS y otros documentos que garanticen transparencia y legalidad en las operaciones.