La República Dominicana reporta 11,961 embarazos en adolescentes en 2025. Hay quienes celebran una “leve reducción” respecto al año anterior, pero detrás de esa cifra se esconde una verdad incómoda: seguimos atrapados en una crisis estructural que el Estado se niega a enfrentar con seriedad.
El embarazo adolescente no es un accidente individual, es el resultado de fallas institucionales y de una política pública que se queda en el papel de los POA (planes operativos anuales) y firmas de convenios (tanto interinstitucionales como con organismos de cooperación internacional).
La deuda histórica de la educación sexual integral, tanto en las escuelas como en los espacios comunitarios, es la evidencia más clara de un Estado que prefiere la complacencia con “las iglesias” antes que la protección de sus niñas.
El silencio institucional es violencia extrema; es complicidad activa con un sistema que condena a las niñas a repetir la pobreza y la exclusión. Y mientras se maquilla con estadísticas, las niñas y adolescentes, que son las dominicanas del futuro, pagan el precio.
La decisión de cerrar el Consejo Nacional de Población y Familia, bajo el argumento de “ahorro”, es una muestra de indiferencia institucional. Y es que se desmanteló un organismo clave para orientar y coordinar políticas de planificación, dejando a las adolescentes, y a sus familias, a merced de mitos, prejuicios y desinformación.
A esto se suma que los ministerios que deberían colocar la educación sexual integral en el centro de sus políticas, callan por miedo a incomodar a los grupos conservadores o a pagar un costo electoral. Además, la política de centralizar esta crisis en un gabinete ha demostrado ser estéril: no ha dado resultados y solo prolonga la vulnerabilidad de nuestras niñas y adolescentes.
Cada embarazo adolescente es una vida interrumpida, un proyecto truncado, una cadena que alimenta la pobreza y la exclusión. Y mientras tanto, el Estado responde con silencio, haciendo eufemismos con las estadísticas, con actos cosméticos y evadiendo responsabilidades reales.
El país necesita un compromiso real y transformador: educación sexual integral obligatoria, acceso universal a salud sexual y reproductiva, políticas públicas con enfoque de derechos humanos y atención inmediata a los casos de maternidad producto de violación, pues en la adolescencia no existe consentimiento real ni herramientas para protegerse. Negar esta realidad es perpetuar la violencia institucional contra nuestras niñas y adolescentes.
El embarazo adolescente no es un accidente individual, es el resultado de fallas institucionales y de una política pública que se queda en el papel de los POA (planes operativos anuales) y firmas de convenios (tanto interinstitucionales como con organismos de cooperación internacional).
El silencio institucional es violencia extrema; es complicidad activa con un sistema que condena a las niñas a repetir la pobreza y la exclusión. Y mientras se maquilla con estadísticas, las niñas y adolescentes, que son las dominicanas del futuro, pagan el precio.
La República Dominicana debe decidir: ¿seguirá condenando a su juventud o asumirá, de una vez por todas, la responsabilidad de garantizarles un futuro digno?
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