El Defensor del Pueblo inspecciona centros penitenciarios

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, inspeccionó este martes los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres y Rafey Mujeres, así como el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Santiago, con el objetivo de verificar las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Durante el recorrido, Ulloa, acompañado por el secretario general de la institución, Harold Modesto, y un equipo de abogados, evaluó el estado de las instalaciones e identificó aspectos susceptibles de mejora, según informó el organismo en un comunicado.

Las observaciones serán incluidas en un informe que el Defensor del Pueblo remitirá a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), con recomendaciones dirigidas a fortalecer las condiciones de los recintos y garantizar la protección de los derechos de la población penitenciaria.

Menos personas privadas de libertad

Datos de la Oficina Nacional de Defensa Pública publicados en febrero del año pasado indican que la población de personas privadas de libertad en República Dominicana pasó de 27,870 en agosto de 2020 a 24,725, una reducción del 11.1 %.

La entidad agregó que la cantidad de menores de 18 años privados de libertad disminuyó de 511 a 298 en el mismo período.

Asimismo, informó que desarrolla, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial, un proyecto orientado a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, que actualmente se sitúa en torno al 63 %.

Sobre agente que mató a ciudadano en Guajimía

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, volvió a reclamar que se impongan sanciones contra la patrulla policial que intervino en el sector Guajimía, en Santo Domingo Oeste, donde murió baleado el joven Darlin Mercado, de 18 años.

Ulloa destacó, además, que el Defensor del Pueblo y la Policía Nacional mantienen mesas de trabajo orientadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos y las garantías fundamentales de la ciudadanía.

El funcionario reconoció que la reforma policial avanza y que se realizan esfuerzos para transformar la institución. Sin embargo, sostuvo que toda transformación requiere un régimen de consecuencias claro para ser efectiva y sostenible, lo que es ampliamente exigido por la ciudadanía, según se verificó en una ancuesta de Acento.