“El costo de litigar termina compitiendo con la comida”: Servio Tulio Castaños advierte sobre brechas en la justicia dominicana

Al contrastar las estadísticas oficiales con la percepción ciudadana de inseguridad e impunidad en materia de justicia, la situación plantea la necesidad de un análisis que considere sus distintos matices. De ahí surge una interrogante central: ¿dónde radica la brecha entre los avances institucionales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía?

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, abordó estas cuestiones en un discurso en el que examinó la situación de la justicia dominicana y los desafíos que enfrenta para consolidarse en beneficio de la sociedad.

“La justicia no es un edificio ni un número en un informe: es lo que le pasa a usted cuando tiene un problema y necesita que alguien le dé una respuesta digna y a tiempo”, afirmó el jurista.

Las estadísticas reflejan avances

Castaños Guzmán sostuvo que las cifras reflejan avances y señaló que, entre 2023 y 2025, el Poder Judicial alcanzó sus niveles de desempeño más altos de la última década.

Durante ese período, según los datos citados, la tasa de congestión judicial se redujo en un 30 %. Asimismo, indicó que, de cada 100 casos, se resuelven 97, de acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

En materia salarial, el texto también refiere que, tras una protesta masiva celebrada el 21 de mayo de 2026, se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para aplicar a los juristas un incremento salarial del 30 %, de manera escalonada entre 2026 y 2027.

Sin embargo, estos avances cuantitativos plantean otra pregunta: ¿qué hace falta para que la ciudadanía perciba las mejoras en su vida cotidiana?

La brecha entre las cifras y la experiencia cotidiana

“Una justicia más eficiente no significa automáticamente que todas las personas tengan mejor acceso a ella”, afirmó Castaños Guzmán.

Para ilustrar esa diferencia, planteó que la justicia no puede reducirse a un trámite burocrático. Un tribunal podría registrar una tasa de resolución del 100 %, pero si una persona debe asumir gastos que comprometen su estabilidad económica o acudir a diez audiencias que no llegan a celebrarse, el sistema no estaría cumpliendo su misión de garantizar la dignidad humana.

Según el informe citado por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, el 39 % de los encuestados afirmó haber atravesado serias dificultades durante un proceso judicial.

“En la práctica, esto genera lo que muchas organizaciones llaman justicia vencida por cansancio. Para una persona que vive con el salario mínimo, cada reenvío significa pagar un pasaje, dejar de trabajar y arriesgar el sustento de su familia; el costo de litigar termina compitiendo con la comida de la casa”, afirmó Castaños Guzmán.

El jurista señaló que allí radica el abismo: el sistema celebra que hoy los trámites sean más ágiles, mientras muchas personas de bajos recursos continúan quedando al margen debido a la falta de medios económicos, información y proximidad.

Evitar que los avances tecnológicos sean una barrera en la justicia

A pesar de que los servicios telefónicos y de correo electrónico registraron altos índices de satisfacción en 2025 (95 % y 94 % respectivamente), según el informe del PNUD, enciende una alerta sobre el riesgo de generar un "apartheid digital" en los tribunales. 

Castaños dijo que la evidencia demuestra una brecha existente en el acceso a las plataformas en línea: un 71% de las personas encuestadas en juzgados y cortes desconocía por completo la posibilidad de consultar casos o citas por vía digital, un 20% sabía de la existencia del sistema, pero nunca lo había utilizado, y apenas un 9% declaró estar informado y hacer un uso efectivo de estas herramientas.

Esta falta de conocimiento y de competencias digitales se concentra principalmente en los sectores con menor nivel de escolaridad, en especial personas con educación primaria o sin instrucción formal. Para un usuario en situación de vulnerabilidad, interactuar con herramientas automatizadas como “chatbots” o asistentes virtuales resulta prácticamente inviable, lo que suma el peligro de que una virtualización apresurada provoque un distanciamiento deshumanizante entre la ciudadanía y las autoridades judiciales.

Para contrarrestar esta exclusión y garantizar la equidad en el servicio judicial, las medidas propuestas por el politólogo explican que se hace indispensable la puesta en marcha de acciones concretas. 

Entre ellas, la adopción de un modelo híbrido permanente que conserve ventanillas de atención presencial, la instalación de quioscos asistidos en los Palacios de Justicia y centros comunitarios, así como el despliegue de campañas masivas de alfabetización digital orientadas a toda la población y no de manera exclusiva a la comunidad legal.