El tránsito dominicano parece vivir atrapado en una rutina conocida: cada cierto tiempo las autoridades anuncian un nuevo plan, una nueva campaña, una nueva estrategia, una nueva ley o una nueva inversión para “ordenar” las calles. Pero, al final, la ciudadanía sigue despertando con los mismos tapones, los mismos motoristas en vía contraria, los mismos carros estacionados donde no deben, los mismos choferes cruzando en rojo, los mismos camiones fuera de horario, los mismos vehículos con evidente deterioro que ponen en riesgo vidas, las mismas aceras ocupadas y la misma sensación de que manejar en el país es una batalla diaria.
La metáfora popular de “la fiebre en la sábana” describe bien el problema. Se cambian los nombres, los discursos, los letreros, los horarios, los operativos y las campañas, pero la enfermedad de fondo permanece: un sistema vial saturado, una cultura de imprudencia normalizada y un régimen de consecuencias débil que convierte muchas normas en simples sugerencias.
Un país con demasiados vehículos para tan poco orden
El crecimiento del parque vehicular explica una parte del caos, pero no todo. De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos, al cierre de 2025 la República Dominicana registraba 6,640,871 vehículos, un aumento de 446,819 unidades frente a 2024, equivalente a un crecimiento de 7.2 %. Las motocicletas representaban el 57.9 % del total, con 3,846,694 unidades registradas.
Es decir, el país no solo tiene más vehículos, sino más vehículos circulando en ciudades que no siempre fueron diseñadas para ese volumen. El resultado es visible en avenidas, barrios, entradas y salidas del Gran Santo Domingo, Santiago y otras zonas urbanas: calles estrechas, intersecciones colapsadas, transporte público informal, falta de parqueos, semáforos descoordinados y una convivencia difícil entre carros, motocicletas, guaguas, camiones y peatones.
Pero reducir el problema al número de vehículos sería cómodo. La saturación existe, sí, pero el desorden agrava todo. Un carril ocupado por vehículos mal estacionados, una parada improvisada en plena avenida, un motorista metiéndose entre carros sin casco, un conductor girando donde no debe o una guagua detenida en doble fila pueden convertir una vía complicada en un nudo imposible.
Muchas leyes, poca autoridad real
La Ley 63-17 fue aprobada para regular la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. La propia ley reconoce la necesidad de un marco actualizado, medidas educativas y dispositivos de control, coercitivos y punitivos eficaces para reducir infracciones y conductas de riesgo.
El problema es que una ley no cambia el tránsito por sí sola. Si la norma existe, pero no se aplica de manera constante; si la multa se pone, pero no se cobra; si la infracción se sanciona un día y se tolera al siguiente; si el conductor sabe que puede violar la ley sin consecuencias reales, entonces el sistema pierde autoridad.
Ahí está una de las grandes contradicciones del tránsito dominicano: el país tiene leyes, reglamentos, instituciones y agentes, pero en la calle muchas veces gobierna el más atrevido. El que se mete, pasa. El que bloquea, se queda. El que toca bocina, avanza. El que respeta, pierde tiempo. Esa inversión de valores explica por qué conducir correctamente a veces parece una desventaja.
El régimen de consecuencias sigue siendo el gran ausente
Las autoridades suelen hablar de sanciones, fiscalización y controles. Pero el ciudadano común percibe otra cosa: multas que no siempre se pagan, infracciones que no disuaden, operativos de temporada y una vigilancia que aparece en algunos puntos, pero desaparece en otros.
En 2024, la Digesett emitió cerca de dos millones de infracciones, pero el propio debate oficial ha reconocido que muchas multas no se recaudan adecuadamente y que los montos resultan insuficientes para desalentar conductas de alto riesgo.
El sistema de puntos en la licencia es otro ejemplo. La normativa existe desde hace años y contempla pérdida progresiva de puntos por infracciones, con una lógica punitiva, preventiva y reeducadora. Sin embargo, su implementación efectiva ha sido una deuda pendiente, pese a que las autoridades la han vuelto a mencionar una y otra vez como parte de las medidas para enfrentar la siniestralidad vial.
La pregunta es simple: ¿de qué sirve anunciar sanciones si el infractor no las teme? En materia de tránsito, el castigo no funciona cuando es esporádico, negociable o simbólico. Funciona cuando es seguro, proporcional y sostenido.
Los "benditos" motores, el centro de una crisis que nadie termina de ordenar
Un motor es transporte, trabajo, sustento y solución diaria para millones de personas. También es, hoy, uno de los puntos más críticos de la seguridad vial dominicana. El director del Intrant, Milton Morrison, afirmó que en el país mueren cerca de 3,000 personas al año por accidentes de tránsito y que el 67 % de esos casos involucra a motociclistas. También señaló que el 87 % de los fallecidos son hombres y que el 70 % tiene entre 15 y 39 años.
El problema no es la motocicleta en sí, sino el uso desordenado, la falta de licencia, el poco respeto a señales, la circulación en vía contraria, el exceso de pasajeros, el no uso de casco certificado, las competencias improvisadas, la informalidad del motoconcho y la falta de fiscalización constante.
Si el Estado no regula de manera seria el universo de los motores, cualquier plan de tránsito quedará incompleto. No basta con decir “usen casco” o hacer operativos puntuales. Hace falta registro, licencia, educación, sanciones efectivas, control de ventas, fiscalización en barrios y avenidas, y alternativas de transporte para quienes usan la motocicleta porque no tienen otra opción.
Los tapones no se resuelven solo con más túneles y elevados
Durante años, la respuesta tradicional al congestionamiento ha sido construir más infraestructura: elevados, túneles, pasos a desnivel, ampliaciones, avenidas y distribuidores. Algunas obras ayudan en puntos específicos, pero no necesariamente resuelven el problema de fondo. En muchos casos, solo trasladan el tapón unos metros más adelante.
La propia Ley 63-17 plantea que la inversión pública no debe limitarse a construir nuevas estructuras viales, sino también a mejorar el mantenimiento, la conservación y el uso eficiente de las existentes, además de promover modos alternativos de transporte.
El problema del tránsito no se resuelve solo con cemento. Se resuelve con planificación urbana, transporte público confiable, rutas organizadas, aceras libres, fiscalización real, parqueos regulados, horarios inteligentes, semáforos coordinados, educación vial y autoridad sostenida.
Cuando todo se apuesta a construir más vías, se olvida una verdad incómoda: mientras más fácil se hace usar el carro privado, más carros llegan a la calle. Y si no se reduce la dependencia del vehículo particular, la ciudad seguirá llenándose hasta volver insuficiente cualquier obra nueva.
Semáforos inteligentes, contratos cuestionados y poca confianza
Uno de los capítulos que mejor resume el problema entre inversión y resultados fue el contrato para modernizar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió en 2023 el contrato entre el Intrant y Transcore Latam, por un monto de RD$1,317.3 millones, tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación.
Ese caso no solo afectó un proyecto tecnológico. También golpeó la confianza ciudadana en una promesa repetida: que con más tecnología el tránsito mejoraría. La tecnología puede ayudar, pero no sustituye la planificación, la transparencia ni el mantenimiento. Un semáforo inteligente no ordena una ciudad si las guaguas se detienen donde quieren, si los conductores bloquean intersecciones, si los agentes no fiscalizan y si los contratos públicos terminan envueltos en escándalos.
El país necesita tecnología, pero una tecnología que funcione, que sea transparente, que tenga mantenimiento y que se integre a una política seria de movilidad. De lo contrario, será otro anuncio caro en una ciudad que sigue detenida entre los tapones y la imprudencia vial.
Pacto Nacional, planes y promesas para 2030
El Gobierno ha presentado nuevos compromisos para enfrentar la crisis. El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, establece un marco para formular el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el compromiso de reducir las muertes y lesiones por tránsito en al menos 50 % durante ese período.
Además, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 656-24, que declara la seguridad vial como asunto de alto interés nacional y coloca al Intrant como organismo coordinador del proceso.
El plan suena correcto. El país necesita metas, coordinación, indicadores y seguimiento. Pero el problema dominicano casi nunca ha sido la falta de diagnósticos, sino la falta de continuidad. Se anuncia, se firma, se fotografía, se presenta, se consulta, se relanza, y luego la calle sigue igual.
La pregunta que debe hacerse la ciudadanía no es si el pacto está bien redactado, sino cómo se medirá su cumplimiento, quién rendirá cuentas cada cierto tiempo, qué institución responderá si no se reducen las muertes, qué pasará con los infractores reincidentes y cómo se garantizará que el plan no termine archivado como tantos otros.
Seguridad vial: una pandemia sobre ruedas
La crisis del tránsito no es solo molestia urbana. También es muerte, discapacidad, trauma familiar y gasto público. En 2024, República Dominicana registró 3,114 muertes por siniestros viales, unas ocho al día, según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial citados por El País. El país aparece con una tasa de 27 fallecidos por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de la región.
Ese dato cambia la discusión. Los tapones desesperan, pero los accidentes destruyen vidas. Cada imprudencia tolerada, cada conductor borracho que sigue manejando, cada motorista sin casco, cada guagua que compite por pasajeros, cada camión sin control y cada semáforo ignorado forman parte de una cadena que termina en hospitales, funerarias y hogares rotos.
El tránsito no puede seguir tratándose como un tema de paciencia ciudadana. Es un asunto de salud pública, seguridad, economía y derechos humanos.
La educación vial pendiente
Las autoridades suelen hablar de educación vial, pero en la práctica la ciudadanía aprende a conducir mirando el desorden. Aprende que el carril contrario sirve si hay tapón, que la acera es parqueo, que la luz roja es negociable, que el peatón debe correr, que el motor puede meterse por cualquier lado y que la bocina sustituye la norma.
La educación vial debe empezar temprano, pero también debe continuar en la licencia, en la renovación, en las empresas de transporte, en las escuelas, en los clubes, en los medios y en la fiscalización diaria. No basta con campañas bonitas. Una campaña sin consecuencia se vuelve decoración.
El debate reciente sobre seguridad vial incluye la incorporación de educación vial en el sistema escolar, pero incluso esa medida, prevista como parte de los esfuerzos oficiales, ha enfrentado retrasos en su implementación.
El transporte público sigue siendo la pieza que falta
Ningún país ordena su tránsito si la gente no tiene una alternativa confiable al carro privado. En República Dominicana se han desarrollado corredores, Metro, Teleférico y otros componentes del transporte masivo, pero la experiencia diaria todavía muestra un sistema fragmentado: rutas informales, poca integración tarifaria, largas esperas, falta de cobertura en zonas periféricas y dependencia de carros públicos, guaguas y motoconchos.
El Intrant ha presentado avances del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y sostiene que busca reducir tiempos de desplazamiento, impulsar un sistema de transporte público integrado y fortalecer proyectos en curso con apoyo de agencias de cooperación internacional.
Ese es el camino correcto, pero todavía no se siente de manera suficiente en la vida diaria. Mientras una persona tarde demasiado, viaje incómoda o no encuentre una ruta confiable, seguirá usando su carro o su motor. Y mientras cada hogar aspire a poner otro vehículo en la calle porque el transporte público no resuelve, el tapón seguirá creciendo.
La ciudad también empuja al desorden
El tránsito no es solo un problema de conductores. También es un problema de ciudad. En muchas zonas se construye sin parqueos suficientes, se autorizan negocios sin áreas de carga y descarga, se ocupan aceras, se permite el comercio informal en puntos críticos, se instalan paradas donde conviene políticamente y se toleran urbanizaciones sin conexión vial adecuada.
Después se culpa únicamente al conductor, pero el diseño urbano también produce caos. Una ciudad que obliga a todo el mundo a desplazarse lejos para trabajar, estudiar, comprar, atenderse o hacer diligencias, genera más viajes, más vehículos y más presión sobre las vías.
Ordenar el tránsito implica ordenar el territorio. Sin coordinación entre Intrant, Digesett, ayuntamientos, Obras Públicas, desarrolladores inmobiliarios y transporte público, cada institución seguirá atacando una parte del problema mientras el conjunto se deteriora.
La ciudadanía también tiene responsabilidad
Criticar a las autoridades no exonera al ciudadano. La imprudencia cotidiana es parte central del caos: manejar en vía contraria, estacionarse en doble fila, no respetar el paso peatonal, cruzar en rojo, conducir borracho, usar el celular al volante, montar niños sin protección en motores, no usar casco, bloquear intersecciones, tirar basura desde vehículos o convertir cualquier esquina en parada.
Pero la responsabilidad individual necesita un Estado que marque límites. En sociedades ordenadas, no todo el mundo respeta la ley porque sea virtuoso; la respeta porque sabe que violarla tiene consecuencias. En República Dominicana, demasiadas personas han aprendido lo contrario: que la infracción sale barata, que el riesgo se normaliza y que siempre hay una forma de resolver.
Lo que tendría que cambiar
El país no necesita otro anuncio aislado. Necesita una política sostenida y medible. Eso implica aplicar de verdad el sistema de puntos en las licencias, cobrar las multas, fiscalizar infractores reincidentes, controlar alcohol y velocidad, regular motocicletas, ordenar paradas, liberar aceras, perseguir el estacionamiento ilegal, transparentar inversiones, modernizar semáforos con mantenimiento real y ampliar el transporte público.
También implica medir resultados de forma pública. Cuántas muertes bajaron. Cuántas multas se cobraron. Cuántas licencias fueron suspendidas. Cuántos conductores reincidentes fueron sancionados. Cuántas motocicletas fueron regularizadas. Cuántas intersecciones mejoraron. Cuántos tiempos de viaje se redujeron. Sin datos verificables, todo queda en discurso.
La movilidad no se arregla con operativos de una semana ni con ruedas de prensa. Se arregla con autoridad diaria.
La fiebre sigue ahí
El tránsito dominicano no está mal por falta de diagnósticos. Está mal porque durante años se han aplicado soluciones parciales, discontinuas y muchas veces más pensadas para anunciar que para transformar.
Mientras las leyes no se cumplan, las multas no duelan, las inversiones no se traduzcan en cambios visibles, los motoristas sigan sin control, el transporte público no sea suficiente y las autoridades actúen solo por presión mediática, el país seguirá cambiando la sábana mientras la fiebre continúa.
El caos vial no es inevitable. Pero para corregirlo hace falta algo más difícil que inaugurar obras o firmar pactos: sostener el orden, imponer consecuencias y asumir que la calle no puede seguir siendo territorio de la improvisación.
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