La Cámara de Diputados anunció este martes, 7 de julio de 2026, que acordó modificar aspectos "puntuales" del nuevo Código Penal dominicano, cuya entrada en vigencia está prevista para inicios de agosto. La decisión responde a las crecientes críticas que han recibido tanto el Congreso como el Gobierno por artículos que afectan la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio de la medicina en el país.
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Diálogo urgente a menos de un mes de la vigencia
La resolución fue adoptada por la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Alfredo Pacheco, e integrada por los voceros de todos los partidos con representación parlamentaria. La estrategia acordada consiste en abrir de inmediato una ronda de diálogos con los sectores afectados, con miras a consensuar los cambios antes de que la normativa entre en vigor.
La medida se produce en un momento de alta tensión institucional: faltan menos de 30 días para que el nuevo Código Penal comience a aplicarse, y las voces críticas no han cesado desde que se conocieron los artículos más controvertidos.
Los artículos que encendieron el debate
Entre los puntos más cuestionados figuran las disposiciones vinculadas a la libertad de expresión y la difamación, que periodistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil han señalado como potencialmente restrictivas para el ejercicio del periodismo y la opinión pública. También generó rechazo la regulación sobre el ejercicio de la medicina, que según gremios del sector introduce sanciones penales desproporcionadas para los profesionales de la salud.
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El debate ha trascendido los pasillos del Congreso y se ha instalado en la agenda pública, con pronunciamientos de colegios profesionales, medios de comunicación y figuras de la oposición que exigen una revisión profunda —y no meramente "puntual"— de la normativa.
Una ley que llegó con polémica
El nuevo Código Penal ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Sectores jurídicos advierten que varios de sus artículos presentan ambigüedades que podrían derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de los tribunales. La proximidad de su entrada en vigencia convirtió la presión en urgencia, forzando a los legisladores a dar un paso que hasta hace pocos días descartaban.
La apertura al diálogo es vista por algunos analistas como un gesto político ante el desgaste que la defensa a ultranza de la ley estaba generando en el oficialismo, aunque resta saber si los cambios que resulten del proceso serán suficientes para calmar las aguas.
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