La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, acusado por el Ministerio Público de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología relacionados con la explotación sexual de adultos y presuntos menores de edad.
Castillo Peña, conocido como “Juan” o “el Patrón”, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La revisión obligatoria fue fijada para el 15 de diciembre.
El tribunal también impuso medidas de coerción contra Brailyn López del Rosario, de 20 años, consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$100,000 mediante contrato.
Según la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), ambos fueron arrestados mediante órdenes judiciales luego de que las autoridades reunieran evidencias que los vinculan con una estructura dedicada a ofrecer servicios sexuales a través de redes sociales y recibir pagos en cuentas bancarias y en efectivo.
Las autoridades señalan que las actividades se desarrollaban en un edificio de la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, Distrito Nacional.
La investigación está a cargo de la PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, y la Fiscalía del Distrito Nacional, con apoyo de unidades de la Policía Nacional y otros organismos que integran la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Investigación iniciada tras cooperación con Estados Unidos
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación comenzó a partir de información entregada por Homeland Security Investigations (HSI) y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT).
El 13 de noviembre de 2025, Castillo Peña fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, adscrita a HSI, cuando llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.
Las autoridades estadounidenses realizaron una segunda inspección al imputado debido a sospechas de vínculos con delitos relacionados con abuso sexual infantil y posesión de contenido sexual explícito de menores.
El Ministerio Público sostiene que durante la inspección del teléfono celular Samsung Galaxy S25 Ultra entregado por Castillo Peña a los agentes fueron encontrados videos de abuso sexual infantil y una conversación en WhatsApp en la que otro hombre solicitaba servicios sexuales de un presunto menor de edad.
Según la acusación, en esa conversación Castillo Peña proporcionó la dirección del inmueble ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, en San Carlos.
Allanamiento en San Carlos
El 9 de septiembre de 2026, miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de allanamiento en el inmueble, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Al ingresar, los agentes fueron recibidos por Brailyn López del Rosario. En el lugar, las autoridades encontraron a varias personas que, según la acusación, eran víctimas de explotación sexual.
Durante la requisa fueron ocupados cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos con anotaciones sobre servicios sexuales, facturas de pago, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, títulos de propiedad, pasaportes, dinero en efectivo y otros documentos y objetos que el Ministerio Público vincula con la investigación.
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