Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer acusada de agredir física y verbalmente a su hijo menor de edad durante una transmisión en vivo en redes sociales.
La magistrada Stephanie Santiago Reyes acogió la solicitud del Ministerio Público, que atribuye a la imputada cuya identidad se reserva para proteger a la víctima la comisión de abuso físico y psicológico contra su hijo, de apenas un año y cinco meses de edad.
Según la instancia presentada por la Fiscalía de Santiago, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, los hechos quedaron registrados en audiovisuales en los que se observa a la mujer agredir repetidamente al niño mientras intentaba justificar su conducta, responsabilizando incluso a la propia víctima.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 396 (literales A y B) y 397 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a los artículos 392 y 309-3 (literal E) de la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
Al motivar su decisión, la jueza consideró la gravedad de los hechos y el nivel de violencia ejercido, al tiempo que advirtió que este tipo de conductas no pueden ser toleradas ni normalizadas por la sociedad.
La investigación está a cargo de la fiscalizadora Danioska García, mientras que la fiscal litigante Heidys de León destacó durante la audiencia que la agresión verbal también provoca daños psicológicos profundos, especialmente en menores de edad, los cuales requieren atención especializada y prolongada.
El tribunal ordenó que la imputada cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago.
La víctima se encuentra bajo protección de las autoridades, informó el Ministerio Público en un comunicado, en el que además reiteró el llamado a no normalizar la violencia, especialmente cuando esta se expone públicamente y afecta a menores de edad.
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