La Dirección General de Migración (DGM) ha remitido a la justicia 194 casos relacionados con delitos penales, tales como trata de personas y falsificación de documentos oficiales, en lo que va del año. Estas acciones resultan de la implementación de operaciones estratégicas con apoyo interinstitucional, orientadas a fortalecer y asegurar el control migratorio en el país.

Según un informe elaborado por la Dirección Jurídica de la entidad encargada de regular la entrada, permanencia y salida de personas extranjeras, se ha constatado que la mayoría de las infracciones corresponden al tráfico ilícito de migrantes, lo que ha derivado en 179 procesos de sometimiento. Adicionalmente, se registraron 25 casos relacionados con la falsificación y el uso de documentos alterados.

Las autoridades de la DGM han identificado diversos delitos, entre ellos extorsión, soborno, robo, estafa (4), usurpación de funciones (3), golpes y heridas (5), delitos informáticos (1), tentativa de homicidio y amenazas (3), rebelión contra la autoridad (3) y daños a la propiedad (1), entre otros. Cabe destacar que algunos casos incluyen múltiples cargos.

Esas judicializaciones, bajo la responsabilidad de Luis Caraballo, encargado del área jurídica de la DGM, han sido respondidas por los tribunales nacionales con sentencias para los imputados que van desde prisión preventiva y garantía económica hasta presentaciones periódicas e impedimentos de salida del país. También existen casos bajo investigación del Ministerio Público y otros están pendientes de conocer.

De los sometimientos, 15 de ellos fueron en enero, 20 en febrero, 23 en marzo, 17 en abril, 14 en mayo, 14 en junio, 26 en julio, 20 en agosto, 30 en septiembre y 15 en lo que va de octubre. Los sitios donde mayores casos han sido descubiertos son el Gran Santo Domingo y Baní (37 en cada lugar), Independencia (30), Azua (22), Barahona (13), Jimaní (12), Elías Piña (12), Bahoruco (9) e Higüey (8).

La DGM advirtió que se mantiene vigilante, en el marco de las atribuciones legales y el respeto a las prerrogativas de los individuos, para imponer el orden migratorio y cumplir con la preservación de la seguridad ciudadana y la integridad territorial de la nación.

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