La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de manera cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras detectar posibles vínculos con personas y sociedades investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las empresas afectadas por la disposición son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL, y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
La decisión está contenida en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, firmado el 15 de septiembre de 2026 por el director general de la institución, Carlos Pimentel.
De acuerdo con el documento, los cruces de información permitieron identificar posibles relaciones societarias, económicas, administrativas, personales o de gestión entre esas compañías y proveedores cuyos registros fueron suspendidos previamente debido a investigaciones relacionadas con procesos de contratación pública.
DGCP advierte posible participación indirecta
La institución explicó que la medida procura evitar que personas vinculadas con proveedores suspendidos continúen participando en las compras estatales mediante otras empresas formalmente independientes.
Entre los elementos evaluados figuran posibles coincidencias o conexiones entre socios, accionistas, beneficiarios finales, administradores, representantes, familiares y socios comerciales. También se tomaron en cuenta relaciones profesionales, domicilios, medios de contacto, personal, infraestructura y actividades económicas compartidas.
El acto administrativo no identifica cuáles son los proveedores originalmente suspendidos con los que estaría relacionada cada empresa ni detalla de manera individual los vínculos atribuidos a las cuatro sociedades.
La DGCP sostiene que los hallazgos permiten advertir, de manera preliminar, el riesgo de que esas estructuras sean utilizadas para mantener indirectamente la participación económica de personas inhabilitadas en procedimientos de contratación pública.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas”, señala la disposición.
Suspensión es provisional y puede ser recurrida
La DGCP aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo, cautelar y temporal, por lo que no constituye una sanción ni establece responsabilidad penal o administrativa contra las empresas, sus ejecutivos, socios o accionistas.
La medida permanecerá vigente hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones correspondientes a los proveedores originalmente suspendidos o hasta que las sociedades afectadas demuestren su desvinculación y el cese de las circunstancias que motivaron la decisión.
Las compañías pueden solicitar la revisión de la medida mediante la documentación correspondiente. También disponen de un plazo de 30 días para presentar un recurso de reconsideración ante la DGCP o acudir al Tribunal Superior Administrativo.
La institución remitió el acto a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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