La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y con carácter cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, luego de identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades que son objeto de investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las empresas afectadas son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL, de acuerdo con el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760, emitido el 14 de septiembre.
La DGCP explicó que las coincidencias fueron detectadas mediante procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos, que permitieron identificar conexiones entre estas sociedades y proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el contexto de investigaciones relacionadas con procesos de contratación pública.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que la decisión está sustentada en las facultades otorgadas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación núm. 52-26.
Según la institución, el objetivo es prevenir que sociedades vinculadas a personas o estructuras empresariales previamente suspendidas puedan continuar participando de manera indirecta en las contrataciones del Estado.
La DGCP sostuvo que existe un riesgo razonable de que las sociedades identificadas puedan ser utilizadas para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias que ya fueron objeto de medidas cautelares.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público”, establece el acto administrativo.
Una suspensión preventiva
La institución aclaró que la medida no constituye una sanción ni implica una declaración de responsabilidad contra las empresas o sus ejecutivos.
Precisó que la suspensión es de naturaleza preventiva y provisional, por lo que no prejuzga sobre eventuales responsabilidades penales o administrativas, cuya determinación corresponde al Ministerio Público y a los tribunales.
La medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales de los casos de origen o hasta que las empresas puedan acreditar que han cesado o se han desvinculado de las circunstancias que motivaron la suspensión.
La DGCP informó además que el acto administrativo fue remitido a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Procuraduría General de la República y Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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