La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) rechazó los recursos de reconsideración presentados por Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S. y mantuvo la suspensión preventiva de sus registros como Proveedores del Estado, dispuesta en noviembre de 2025.

La medida se mantiene mientras la Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla investigaciones penales por presuntos delitos contra la Administración pública relacionados con procesos de contratación estatal. Según la DGCP, ambas empresas no presentaron elementos probatorios o documentos que desvirtuaran los fundamentos legales de la suspensión.

Los registros de Condelca, Empresas Integradas y otras 18 sociedades comerciales fueron suspendidos de oficio en noviembre de 2025, después de una investigación realizada por la DGCP junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. De acuerdo con el órgano de contrataciones, esa investigación identificó indicios de vinculación con una estructura de proveedores que habría manipulado procesos de contratación mediante prácticas fraudulentas.

La DGCP sostuvo que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado constituye una medida cautelar, preventiva y temporal, y no una sanción penal ni una condena anticipada. La institución fundamentó su decisión en el artículo 25 de la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo y en el régimen de inhabilitaciones establecido en la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 416-23.

Al responder los recursos de las dos empresas, el órgano rector señaló que la condición de proveedor activo del Estado está sujeta al cumplimiento de requisitos relacionados con la integridad, transparencia e idoneidad. Agregó que, ante investigaciones penales por presuntos ilícitos vinculados con contrataciones públicas, está facultado para actuar de oficio.

Las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026, mediante las cuales fueron rechazados los recursos, fueron notificadas a la PGR, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Contraloría, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), informó la DGCP.

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