Dos hermanos acusados de participar en un asalto a una joyería en el sector Cristo Rey, que dejó al menos una persona muerta, fueron deportados desde Puerto Rico y ya se encuentran bajo custodia de las autoridades dominicanas para enfrentar cargos por homicidio, asociación de malhechores y robo agravado.
Captura y traslado desde Puerto Rico
Las autoridades de Puerto Rico detuvieron a Wilner Rafael Solano García, alias “El Mello Loco”, y Wilmer Rafael Solano García, conocido como “El Mello Sangriento”, ambos de 22 años, vinculados al asalto ocurrido el 7 de marzo en la joyería Popi Oro, en el Distrito Nacional
La deportación se realizó mediante un operativo conjunto que involucró a la Dirección General de Migración, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público y la oficina de INTERPOL en Santo Domingo, con apoyo de agencias federales estadounidenses.
Los imputados fueron trasladados al país a través de la terminal turística de Sans Souci, a bordo de una embarcación comercial procedente de Puerto Rico, donde fueron entregados a las autoridades locales.
Órdenes de arresto y alerta internacional
Contra los hermanos Solano García pesan al menos dos órdenes de arresto emitidas por tribunales dominicanos en abril y marzo de este año, vinculadas a delitos de alta gravedad.
Ambos figuraban en una notificación roja de búsqueda internacional, lo que permitió su localización fuera del país y su posterior detención por parte de las autoridades puertorriqueñas.
Hecho violento bajo investigación
Según las investigaciones, los detenidos están vinculados a un asalto a mano armada en un establecimiento comercial de Cristo Rey que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados.
El caso se inscribe en una serie de hechos delictivos que han generado preocupación en sectores urbanos del Distrito Nacional, donde persisten episodios de violencia asociados a robos organizados.
Próximos pasos judiciales
Las autoridades informaron que los imputados serán presentados ante la jurisdicción correspondiente en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción, en un proceso que podría definir su permanencia en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
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