La Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la llamada J-2, fue denunciada por el Colegio de Abogados (CARD) que le atribuyó haber violado el fuero universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) al desatar una labor de "amedrentamiento" que dijo ha emprendido contra Fernando Peña, un profesor y activista social que desenmascara prácticas de grandes corporaciones extranjeras, en este caso Barrick Gold.
En una nota de prensa, el CARD denunció estos hechos y pidió una investigación al presidente Abinader y a las autoridades militares.
El CARD, presidido por Trajano Potentini, condenó "las acciones de amedrentamiento" y "la flagrante violación del fuero universitario" de la UASD, "espacio sagrado para el pensamiento libre, la crítica y la resistencia democrática", subrayó.
La nota del gremio subraya que expresa "su profunda preocupación ante lo que califica como un acto de intimidación y abuso de poder, en el que militares armados irrumpieron en el entorno universitario sin autorización previa, violentando la autonomía institucional de la UASD y comprometiendo el orden constitucional y el respeto a los derechos fundamentales".
Destaca que el docente universitario víctima de la arremetida, el sociólogo y defensor ambiental Fernando Peña, "ha desarrollado una ardua labor en la protección de los recursos naturales, enfrentando abiertamente los intereses de empresas transnacionales como Barrick Gold".
Según denuncias del propio Peña y de organizaciones sociales, las recientes agresiones y amenazas en su contra estarían directamente relacionadas con sus posturas críticas hacia las operaciones mineras en zonas ecológicamente sensibles del país.
A juicio de Potentini, "estas agresiones no son hechos aislados, más bien se enmarcan dentro de un patrón de hostigamiento contra líderes que se atreven a cuestionar las prácticas de grandes corporaciones extranjeras, en este caso Barrick Gold, cuyos intereses no pueden estar por encima de la soberanía nacional, el medio ambiente y la dignidad del pueblo dominicano".
Por lo mismo, el Colegio de Abogados instó al Ministerio de Defensa, al alto mando militar y al propio presidente de la República a iniciar una "investigación inmediata, transparente e independiente sobre el accionar del J2, al tiempo que solicitó el cese de toda persecución en contra de Fernando Peña y cualquier otro ciudadano que ejerza su derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica".
Asimismo, el gremio llamó a las autoridades universitarias, a la comunidad académica y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes y firmes en defensa del fuero universitario, "conquistado con décadas de lucha y que constituye uno de los pilares de la vida democrática del país", sostuvo.
El CARD reafirmó además su compromiso de acompañar jurídica e institucionalmente a Peña y "a cualquier activista pro-defensa de la institucionalidad y los derechos humanos que sea objeto de atropellos por el simple hecho de ejercer su rol ciudadano y ético".
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}