Del cheque en blanco a la rendición de cuentas: los retos del Estado dominicano para transparentar los fondos a la sociedad civil

Cuando Vielka Polanco asumió la dirección del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) en 2020, encontró un panorama que describió sin eufemismos: el 50% de las organizaciones que recibían fondos del Estado no rendía cuentas. Las que sí lo hacían presentaban recibos borrosos, gastos que no coincidían con los presupuestos aprobados y, en casos extremos, compras de bebidas alcohólicas cargadas a proyectos educativos.

"Nos dimos banquete", dijo Polanco en el programa Mirada Femenina de Acento.com.do. "Porque como nadie les evaluaba, ellos se sentían en la libertad de poner cualquier cosa."

Seis años después, el CASFL exhibe un dato que sus autoridades presentan como logro central: el 100% de las organizaciones que reciben subvenciones rinde cuentas. Pero ese avance, real y verificable, convive con desafíos estructurales que el propio sistema aún no ha resuelto.

Un universo desigual: el dinero se queda en las ciudades

De las aproximadamente 8,000 organizaciones registradas en el CASFL, solo 703 tienen hoy un acuerdo de gestión o subvención con alguna institución sectorial del Estado —Educación, Salud, Medio Ambiente, CONANI, entre otras—. El resto existe en los registros, pero opera al margen del financiamiento público.

Ese dato, por sí solo, no sería alarmante. Lo que sí lo es es la distribución geográfica de esos recursos: históricamente, cerca del 90% de los fondos se concentraba en el Gran Santo Domingo y Santiago, dejando al resto del territorio nacional con apenas una fracción del financiamiento disponible.

"Hay una concentración de los recursos en las ciudades, en los cascos urbanos", reconoció Polanco. "Eso no es una coincidencia. Tiene que ver con acceso a las oportunidades".

Las organizaciones del interior del país enfrentan una doble barrera: no siempre conocen que existe esta posibilidad de financiamiento y, cuando la conocen, carecen de las capacidades técnicas para redactar proyectos competitivos. Movimientos de mujeres campesinas, colectivos de agricultores, grupos comunitarios que dominan su disciplina pero no el lenguaje burocrático de los formularios de convocatoria.

Para corregir esta brecha, el CASFL introdujo cuotas territoriales en los términos de referencia de los fondos, priorizando provincias con altos índices de pobreza. La medida ha tenido efecto, pero persiste una distorsión: muchos proyectos que aparecen en el mapa como ejecutados en el territorio tienen su sede registrada en una ciudad grande. La organización no abre oficina local; el dinero llega, pero el arraigo institucional no.

El problema de la alineación: un banco de sangre financiado por Educación

Uno de los hallazgos más reveladores que encontró la gestión actual fue la desconexión entre las organizaciones y las instituciones que las financiaban. El caso más ilustrativo: un banco de sangre recibía recursos del Ministerio de Educación. Una institución valiosa, sin duda, pero cuyo trabajo no guarda ninguna relación con los objetivos programáticos de esa cartera.

"¿Cómo tú vas a poder darle seguimiento? ¿Por qué yo te voy a desembolsar recursos de mi presupuesto del Ministerio de Educación si realmente tú no me estás ayudando con estos objetivos de desarrollo?".

Vielka Polanco

El problema no era aislado. Había organizaciones que trabajaban el mismo tema que la institución que las financiaba, pero recibían los fondos por otra ventanilla. Don Bosco, por ejemplo, recibía recursos por la Presidencia en lugar de CONANI, la entidad rectora de la niñez. El resultado era una arquitectura de financiamiento dispersa, donde las propias sectoriales desconocían qué organizaciones operaban en su área con dinero del Estado.

El proceso de alineación que emprendió el CASFL —vincular cada organización con la institución que corresponde a su misión— es uno de los avances más significativos del período, pero también uno de los más complejos de sostener en el tiempo, especialmente cuando cambian las autoridades o los planes operativos anuales de las instituciones.

La sombra política: cuando las ASFL eran botín electoral

El sistema de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil tuvo durante años una dimensión que Polanco no elude: fue terreno fértil para el clientelismo político. Las ASFL eran, en palabras de la conductora del programa, "una manzana buscada por los partidos políticos". Las mochilas repartidas con fondos de estas organizaciones son parte de la memoria reciente del país.

La ley no prohíbe que un político tenga una organización sin fines de lucro. Lo que el CASFL ha intentado establecer es que esa organización sea tratada con los mismos criterios que cualquier otra: mismos requisitos, misma rendición de cuentas, misma alineación sectorial, y cero tolerancia al uso de los fondos para hacer "política militante".

"Tú haces un trabajo en una comunidad a través de una organización, pero no puedes estar haciendo política con eso", señaló Polanco.

El asistencialismo disfrazado de desarrollo comunitario ha disminuido, según la directora. Pero la vigilancia sobre este punto es un desafío permanente, especialmente en años electorales, cuando la presión sobre los recursos públicos tiende a intensificarse.

Más de 250 organizaciones fuera del sistema: ¿depuración o exclusión?

Desde 2020, más de 250 organizaciones han salido del registro de financiadas. El CASFL aclara que no todas salieron por mal manejo: algunas concluyeron sus proyectos, otras alcanzaron sostenibilidad propia —como World Vision, que ya genera resultados positivos sin depender de subvenciones estatales—. Pero la mayoría, admite Polanco, salió por problemas en la ejecución o la rendición de cuentas.

La cifra plantea una pregunta incómoda: ¿es este un proceso de depuración saludable o hay organizaciones legítimas que quedaron fuera por no tener las herramientas para cumplir con requisitos cada vez más exigentes?

El CASFL defiende su metodología: auditorías, evaluaciones, capacitaciones, debido proceso antes de cualquier decisión. Pero el salto de 900 organizaciones financiadas a 703 en seis años merece un análisis más fino sobre qué tipo de organizaciones quedaron en el camino y si el sistema ofrece rampas de acceso suficientes para las más débiles institucionalmente.

La calidad de la rendición: el próximo frente

Lograr que el 100% rinda cuentas fue la primera batalla. La segunda —más difícil— es la calidad de esa rendición. Que los reportes sean precisos, que los gastos estén justificados con documentación válida, que los resultados declarados sean verificables en el territorio.

"Ya todas saben que tienen que rendir cuenta", dijo Polanco. "Ahora trabajamos con la calidad."

Este es, quizás, el reto más silencioso y más determinante. Una rendición de cuentas formal pero vacía de contenido real reproduce la misma opacidad que el sistema intentó combatir, solo que con mejor papelería.

Lo que viene: presupuesto 2027 y una convocatoria que ya cerró

La convocatoria de 2026 cerró el 16 de mayo. Actualmente, el CASFL evalúa qué organizaciones serán incluidas en el Presupuesto General de la Nación para 2027. Para las organizaciones que quedaron fuera o que aún no se han formalizado, el llamado de Polanco es claro: este es el momento de regularizarse, de construir las capacidades necesarias, de estar listas para la próxima apertura.

El CASFL opera bajo la Ley 122-05 y está adscrito al Ministerio de la Presidencia, desde la fusión con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sus contactos institucionales están disponibles para organizaciones que quieran iniciar o regularizar su registro.