Defensa de Torres Robiou cuestiona validez de pruebas y peritajes en caso Coral

El abogado José Valdez, representante del imputado Guillermo de Jesús Torres Robiou en el caso Coral, afirmó que los equipos de defensa están desmontando los alegatos presentados por el Ministerio Público, calificando sus planteamientos como “falsedades e inexactitudes”.

Valdez sostuvo que gran parte de las pruebas aportadas por el órgano persecutor no guardan relación con las acusaciones formuladas contra los encartados y que, debido al volumen del expediente, el Ministerio Público ha incurrido en confusiones al presentar documentos que, a su juicio, no cumplen con la función probatoria que se les atribuye.

El jurista cuestionó, además, la validez de algunos peritajes incorporados al proceso, al señalar que fueron realizados por personas vinculadas a la Procuraduría General de la República, lo que, según explicó, vulnera el principio de imparcialidad.

“No pueden ser juez y parte; por vía de consecuencia, esos peritajes no tienen ningún tipo de valor de cara al proceso”, afirmó.

Valdez indicó que el juicio, como todo proceso penal, debe sustentarse en pruebas de cargo y de descargo, las cuales serán valoradas por el tribunal para adoptar su decisión final.

El Ministerio Público solicitó para este señalado una pena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El proceso judicial se encuentra actualmente en la etapa de réplica por parte de la barra de las defensas, para luego dar paso a la contrarréplica del Ministerio Público.

En este caso, el órgano persecutor incluyó 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$ 28 millones y US$ 55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$ 86 millones, también reclamados a favor del Estado.