Defensa de Juan Tomás Polán pide extinguir acción penal en caso Calamar por “plazo vencido”

En la fase de contrarréplica del caso Calamar, el abogado Alberto Almonte, representante de Juan Tomás Polán, solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la extinción de la acción penal, al alegar que el proceso ha superado el tiempo máximo permitido.

El jurista sostuvo que el pedimento se apoya en el derecho al debido proceso y en el criterio del plazo razonable. Según expuso, desde 2022, cuando el Ministerio Público solicitó contra su defendido una medida de oposición a pago, ha transcurrido —afirmó— más de cuatro años sin que se haya dictado una sentencia.

Almonte argumentó, además, que conforme a criterios del Tribunal Constitucional, el cómputo de la duración del proceso inicia a partir de la imposición de una medida cautelar, sea real o personal, lo que —a su juicio— sustenta la solicitud de extinción.

Indicó que la defensa espera que el tribunal acoja el planteamiento, al considerar que se ha vulnerado el límite razonable de duración del proceso penal.

Entre los acusados en el expediente figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia). También aparecen Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

El proceso se inició en 2023, cuando el Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros cargos.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían integrado una estructura que gestionó pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, recursos que —según el órgano acusador— también habrían sido utilizados con fines políticos