Defensa de José Manuel Rosario Pirón cuestiona autenticidad de documentos digitales presentados en caso Coral

Durante su exposición, el jurista recordó que el proceso penal debe sustentarse en evidencias sólidas y que la carga de la prueba corresponde al Estado, el cual debe demostrar de manera clara la culpabilidad del imputado. En ese sentido, sostuvo que el tribunal no puede tomar decisiones basadas en sospechas o presunciones, sino en pruebas debidamente corroboradas, conforme a los principios del derecho penal moderno.

Rosario Pirón, quien se desempeñaba como encargado de Tesorería del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es señalado por el Ministerio Público como parte esencial de la supuesta estructura de corrupción investigada en el caso Coral y es identificado como la “mano derecha” del mayor general Adán Cáceres Silvestre y del coronel Rafael Núñez de Aza.

Como parte de su argumentación, la defensa presentó el perfil profesional del imputado, indicando que ingresó a la Policía Nacional a los 29 años y desarrolló una carrera institucional que superó las dos décadas de servicio público, principalmente en el área financiera. Explicó que en 2005 obtuvo el título de licenciado en Contabilidad en la Universidad O&M y que posteriormente realizó diversas capacitaciones en auditoría financiera, compras gubernamentales, gobierno corporativo y tributación.

Según Moreno, a lo largo de su trayectoria Rosario Pirón ocupó diferentes posiciones dentro de la institución, incluyendo funciones en el Hospital General de la Policía Nacional y el Museo de la Policía, desempeñándose en cargos que abarcaron desde ejecutivo financiero hasta director financiero.

Posteriormente, fue designado como tesorero del Cusep en septiembre de 2012, cargo que, afirmó, estaba limitado a funciones administrativas vinculadas al manejo de recursos institucionales.

El abogado sostuvo que dichas funciones eran estrictamente administrativas y contables, relacionadas con el control de valores, el registro de ingresos y la realización de depósitos institucionales.

Afirmó que su cliente no formaba parte de ninguna estructura operativa ni de una supuesta unidad recaudadora, como plantea el Ministerio Público en su acusación.

Asimismo, señaló que una investigación especial de la Cámara de Cuentas estableció que la institución no contaba con manuales de funciones aprobados ni con manuales administrativos o de cargos institucionales.

Indicó que incluso un testigo presentado ante el tribunal confirmó la inexistencia de estos documentos, lo que, según la defensa, evidencia que la estructura administrativa no estaba formalmente definida.

En cuanto a las pruebas presentadas por el órgano acusador, Moreno afirmó que estas consisten en peritajes financieros, análisis bancarios, documentación financiera y declaraciones testimoniales. Sin embargo, argumentó que en el derecho penal no basta con la cantidad de pruebas, sino que estas deben tener coherencia lógica y corroboración suficiente para sustentar una acusación.

Según expuso, los peritajes financieros se realizaron sobre información incompleta, debido a que la Superintendencia de Bancos no habría entregado la totalidad de los datos solicitados por los investigadores. Como resultado, afirmó que el análisis financiero se elaboró sobre un universo parcial de información.

El abogado también cuestionó los testimonios presentados por el Ministerio Público, señalando que ninguno de los declarantes confirmó haber realizado depósitos a favor de su defendido ni presentó comprobantes de transferencias, registros bancarios u otras evidencias documentales que sustenten dichas afirmaciones.

Agregó que algunos testigos indicaron que los depósitos habrían sido canalizados a través de otras personas, hipótesis que, según la defensa, no fue investigada ni verificada por el órgano acusador. Asimismo, sostuvo que varias de las declaraciones provienen de personas que participaron en los hechos investigados y que, a su juicio, tienen interés en el proceso.

La defensa también cuestionó las certificaciones utilizadas para analizar los ingresos del imputado, indicando que los organismos consultados reconocieron que la información disponible era incompleta, ya que algunos registros provenían únicamente de la Tesorería de la Seguridad Social y no de todas las instituciones en las que Rosario Pirón prestó servicios.

Moreno explicó que el Ministerio Público solicitó certificaciones sobre los ingresos percibidos por el imputado entre 2002 y 2020 y que, a partir de esos documentos, estimó que habría recibido alrededor de cuatro millones de pesos durante ese período. Sin embargo, sostuvo que esa cifra no refleja la totalidad de los ingresos obtenidos legalmente durante su carrera institucional.

Finalmente, el abogado argumentó que, tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público no ha logrado demostrar que su cliente haya recibido depósitos físicos o transferencias electrónicas vinculadas a actividades ilícitas, ni que haya formado parte de una asociación criminal.

Afirmó que la acusación debía probar la existencia de depósitos ilegales, la participación del imputado en una estructura delictiva y la obtención de beneficios económicos ilícitos, elementos que, según dijo, no han sido acreditados en el proceso.