Defensa de imputado en caso Coral pide sentencia absolutoria por falta de pruebas

La defensora pública Asia Jiménez Tejada solicitó al tribunal una sentencia absolutoria a favor del imputado en el denominado caso Coral, Epifanio Peña Lebrón, al argumentar que el Ministerio Público no ha presentado un solo elemento de prueba que permita establecer su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan.

Jiménez Tejada explicó que, aunque Peña Lebrón se desempeñó durante ocho años como consultor jurídico del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), no está siendo procesado por el ejercicio de esa función, sino bajo la acusación de fungir como supuesto testaferro del exdirector del organismo, Adán Cáceres.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría constituido por orden de Cáceres una empresa denominada M3JB y habría participado en la adquisición de un apartamento. No obstante, la defensa aclaró que ni la empresa ni el inmueble están a nombre de Peña Lebrón, sino que el apartamento figura a nombre de Único Real Estate, sin que el órgano acusador haya demostrado una vinculación directa del imputado con dichos bienes.

La defensora subrayó que la única relación que el Ministerio Público ha señalado es que Adán Cáceres era director del Cusep en el período en que Peña Lebrón fungía como consultor jurídico, lo cual sostuvo— no constituye prueba suficiente para sustentar una condena penal.

Durante el inicio de sus alegatos, la defensa también solicitó de manera incidental la extinción de la acción penal, al señalar que el proceso tiene más de cuatro años de duración sin que el imputado haya contribuido a la dilación del mismo, ni por acción propia ni por parte de su defensa.

Indicó que corresponde al tribunal verificar si el plazo legal ha sido superado y si Peña Lebrón tuvo responsabilidad en la prolongación del proceso, tomando en cuenta que su incorporación al caso se produjo a partir de la presentación formal de la acusación y no desde el inicio de la investigación.

En contraste, el Ministerio Público solicitó una pena de 10 años de prisión contra el imputado.