Defensa de General Supply acusa al Ministerio Público y Cámara de Cuentas de mentir sobre importaciones de AC-30

La defensa legal de la empresa General Supply denunció ante el tribunal que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas falsearon información clave en el expediente acusatorio al afirmar que la compañía realizó solo cinco importaciones de AC-30, cuando en realidad fueron ocho.

Según los abogados, ambas instituciones estaban conscientes de la falsedad, pero no corrigieron el dato porque “si lo quitaban, se caía el caso”.

Calificaron como “lamentables” y “deliberadas” las mentiras utilizadas para construir lo que describen como un expediente fabricado con el objetivo de implicar a la empresa.

“Se facturaron y entregaron los nueve millones de AC-30”, aseguraron, en referencia al volumen de asfalto caliente que se habría suplido bajo contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Además, recordaron que las exoneraciones de impuestos aplicadas durante el proceso de importación no beneficiaron a General Supply ni a ninguna empresa contratista, sino al propio Estado dominicano. De acuerdo con documentación oficial, fue el Estado quien asumió el costo de los aranceles como comprador único, a través de una compensación presupuestaria interna del MOPC.

“El Estado era al mismo tiempo acreedor y deudor, por eso se le exoneró el pago del arancel al MOPC, no a las empresas”, explican documentos presentados en audiencias anteriores. También se precisa que estas exoneraciones fueron autorizadas conforme a la Ley 146-00 y canalizadas por el Ministerio de Hacienda hacia instituciones públicas como Obras Públicas y la OISOE.

En informes complementarios, como el presentado por el economista Martín Zapata, se dejó constancia de que no hubo exoneraciones de impuestos sobre la renta empresarial, y que los beneficios fiscales otorgados fueron exclusivos para entidades del gobierno central con apropiaciones presupuestarias, no para empresas privadas.

La defensa de General Supply sostiene que el caso contra su cliente está viciado desde su origen y que las autoridades construyeron una narrativa basada en falsedades documentadas con el único fin de justificar una persecución judicial sin fundamentos reales.