Ante la continuación del juicio de fondo contra los imputados en el caso denominado por el Ministerio Público como operación Calamar, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, reiteró que la acusación en su contra carece de sustento probatorio y no ha podido sostenerse frente a los argumentos y evidencias presentadas durante el proceso.
El equipo legal informó que responderá en las próximas audiencias a la réplica del Ministerio Público, al tiempo que aseguró que el órgano acusador no ha logrado rebatir puntos esenciales de su estrategia de defensa.
La abogada María del Pilar Zuleta explicó que varias de las líneas centrales planteadas por la defensa no fueron contestadas, entre ellas la supuesta existencia de un entramado vinculado a casinos y juegos de azar, así como la trazabilidad y legalidad del patrimonio del imputado. “Ese silencio evidencia la solidez de nuestra posición”.
En ese contexto, la defensa adelantó que enfocará su respuesta en los aspectos que sí fueron abordados por el Ministerio Público, los cuales —afirman— carecen de profundidad y de sustento probatorio suficiente.
Entre los principales puntos señalados por el equipo legal figura la invalidez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Así como la extinción de la acción penal, tras más de cinco años y cinco meses de proceso sin una decisión definitiva, y la prescripción de varios tipos penales.
Asimismo, reiteraron que los informes utilizados por el órgano acusador habrían sido elaborados al margen de la ley, sin garantizar el derecho de defensa, pese a constituir uno de los pilares de la acusación.
Debilidad en la acusación
La defensa sostuvo que el proceso ha dejado en evidencia una debilidad estructural en la acusación, al señalar que el relato del Ministerio Público no ha podido sostenerse frente a la documentación incorporada al expediente.
Indicaron que los hechos imputados corresponden a obligaciones legales del Estado, incluyendo pagos por expropiaciones respaldadas por decisiones judiciales y operaciones interinstitucionales registradas como reducción de deuda pública.
De igual forma, aseguraron que no se ha demostrado pérdida de fondos, beneficio personal ni perjuicio económico para el Estado, y que el patrimonio de Guerrero Ortiz es lícito y verificable.
“La narrativa que el Ministerio Público fabricó y luego transformó en acusación no ha podido sostenerse frente a la verdad ni frente a las pruebas”, expresó la defensa.
El equipo legal concluyó afirmando que “en justicia penal, cuando la prueba contradice la acusación, la acusación se cae”.
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