La defensa del fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara solicitó este lunes la variación de la prisión preventiva impuesta a su representado, al considerar que la medida constituye una violación a las garantías procesales y resulta desproporcionada frente a los hechos que le atribuye el Ministerio Público.
Antes del inicio de la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, el abogado Valentín Medrano sostuvo que la legislación establece límites claros para la duración de la prisión preventiva y los presupuestos para su imposición, los cuales, a su juicio, ya no se cumplen en este caso.
El jurista calificó como "una exageración" mantener privado de libertad al fiscal suspendido y aseguró que el monto presuntamente involucrado, estimado entre 500 mil y 600 mil pesos, no justifica una medida tan gravosa.
Asimismo, comparó el proceso con otros casos de presunto desfalco al Estado en los que, según dijo, los imputados enfrentan la justicia en libertad, por lo que consideró que existe una "desigualdad abismal" en el tratamiento judicial.
Medrano también manifestó que el transcurso del tiempo constituye el principal argumento para modificar la coerción, aunque adelantó que la defensa presentará nuevos elementos durante la audiencia.
La revisión de la medida es conocida por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Pedro A. Sánchez, Nancy Joaquín y Mariana García.
En representación del Ministerio Público participan el director general de Persecución, Wilson Camacho, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
El Ministerio Público acusa a Aurelio Valdez Alcántara de haber recibido un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y sostiene que existe riesgo de que el imputado interfiera en el proceso, razón por la que solicitó un año de prisión preventiva.
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