Defensa de Adán Cáceres afirma Ministerio Público no probó entramado de corrupción en operación Coral

En el primer día de la fase de contrarréplica ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el abogado Romel Jiménez, defensa del general Adán Cáceres Silvestre, afirmó que el Ministerio Público no logró demostrar la existencia del supuesto entramado de corrupción alegado en el proceso conocido como operación Coral.

Durante su intervención, el jurista sostuvo que la acusación se fundamenta en la tesis de que varias personas recibían dinero mediante transferencias bancarias provenientes de nóminas del Museo de la Guardia Presidencial y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), sin prestar servicios, y que posteriormente devolvían esos fondos a militares u otros supuestos integrantes del entramado. Sin embargo, aseguró que en ningún momento se estableció de manera concreta cómo habrían participado los imputados en esa presunta estructura.

Jiménez enfatizó que, aun en el escenario hipotético de que el entramado hubiese existido —lo cual afirmó que tampoco fue probado—, el Ministerio Público no aportó evidencias específicas que vinculen a los acusados con la supuesta sustracción de fondos del Cusep.

Según explicó, la acusación presentó dos grandes grupos de pruebas: la auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con sus anexos documentales, y los testimonios. Al analizar el informe de auditoría, el abogado indicó que el único renglón en el que ese órgano realizó una afirmación cercana a una imputación formal fue el relacionado con las nóminas, ya que en los demás aspectos se limitó a señalar faltas administrativas o deficiencias de información.

Citó la página 54 del informe de auditoría, marcada como prueba 113 en la fase de apertura a juicio, donde se indica una presunta “sustracción de recursos a través de las nóminas pagadas a personal”.

Según el informe, esa conclusión se sustentó en entrevistas realizadas a empleados y en el análisis de soportes de transferencias bancarias.

El defensor detalló que la Cámara de Cuentas entrevistó a varias personas y que, de acuerdo con el informe, estas habrían recibido pagos por nómina del Cusep y posteriormente transferido esos recursos a terceros.

No obstante, Jiménez sostuvo que ninguna de las personas entrevistadas declaró ante el Ministerio Público haber recibido dinero de manera ilícita ni haber participado en un esquema de devolución de fondos, y señaló además que las propias entrevistas presentan contradicciones internas que, a su juicio, restan credibilidad a las conclusiones del informe de auditoría.

Interrogatorio sin lógica

El representante legal cuestionó la coherencia de los interrogatorios realizados por el Ministerio Público y la solidez de las pruebas presentadas en el proceso judicial que se sigue por presunta sustracción de fondos públicos a través de nóminas militares.

Jiménez calificó como “insensatas, reiterativas y sin sentido” varias preguntas dirigidas a testigos, especialmente aquellas relacionadas con supuestas funciones en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), cuando según afirmó los propios declarantes indicaron que laboraban exclusivamente en el Palacio Presidencial realizando servicios rutinarios de seguridad.

El jurista explicó que uno de los testigos afirmó no haber pertenecido nunca al Cusep, ni haber recibido dinero de esa institución, sino que figuraba en la nómina del Palacio Nacional, con un salario aproximado de RD$30,000, además de un incentivo especial. En ese sentido, rechazó cualquier inferencia de que el declarante hubiese formado parte de una nómina irregular o hubiese devuelto dinero a terceros.

Jiménez subrayó que, pese a ello, dichas declaraciones han sido utilizadas por la acusación como prueba de soporte para sostener que existió una estructura de desvío de fondos a través de las nóminas del Cusep, lo que a su juicio carece de fundamento probatorio.

Asimismo, criticó que en el caso del señor Rodríguez Mariano no se presentaran movimientos bancarios ni comprobantes de depósitos que respalden la tesis acusatoria, señalando que la Cámara de Cuentas no aportó esos soportes. Indicó que el testigo nunca declaró haber recibido ni entregado dinero a persona alguna.

En relación con los testigos de cargo, la defensa analizó una selección de nueve de los propuestos por el Ministerio Público, quienes también son mencionados en el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas como supuestos beneficiarios de nóminas irregulares. Sin embargo, según Jiménez, ninguno confirmó ante el tribunal que recibiera dinero del Cusep para devolverlo a superiores o terceros.

La acusación se sostiene sobre un informe inadecuado y testimonios que no confirman la teoría del desvío, concluyó el abogado, al reiterar que las pruebas presentadas no demuestran la existencia de una estructura criminal ni la sustracción de fondos públicos.