Crisis de abuso infantil expone fallas estructurales en República Dominicana

El abuso infantil en la República Dominicana se ha consolidado como una problemática estructural que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes, evidenciando fallas en los sistemas de protección, prevención y justicia, según  Arabelis Mejía Lebrón, abogada consultora y catedrática universitaria.

De acuerdo con los datos presentados, en 2025 el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) atendió 27,421 casos de menores en situación de vulneración de derechos, incluyendo abuso físico, psicológico y sexual. Estas cifras representan solo una parte del problema debido a la subnotificación, lo que sugiere una dimensión aún mayor del fenómeno a nivel nacional.

Informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señalan que el 63.5 % de los niños y niñas entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de violencia en el hogar, mientras que el 65 % de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida. En 2024, aproximadamente el 20 % de los casos reportados correspondieron a abuso sexual infantil, lo que agrava el panorama.

Para Mejía Lebrón el análisis de las denuncias refleja un incremento sostenido de la violencia sexual contra menores en los últimos años.

Entre 2017 y 2021, los reportes de agresión sexual aumentaron de forma significativa, pasando de cientos a miles de casos anuales. En la mayoría de las situaciones, los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas, incluyendo familiares, padrastros o vecinos, lo que dificulta la detección temprana y la denuncia.

Agregó que a pesar de que el país cuenta con un marco jurídico establecido en la Ley 136-03, persisten brechas en su aplicación. Factores como la lentitud judicial, la escasez de recursos y la débil articulación entre instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales especializados han sido señalados como obstáculos que limitan la efectividad de la respuesta estatal.

Detalló que casos que generaron alta conmoción social, como los de Carla Massiel Cabrera Reyes y José Ramón Llenas Aybar, han evidenciado las debilidades del sistema en la protección de la niñez y en la administración de justicia frente a este tipo de delitos.

El proceso posterior a la denuncia también presenta desafíos significativos. Se reportan interrogatorios reiterados, exposición mediática indebida, procesos judiciales prolongados y una limitada disponibilidad de acompañamiento psicológico especializado. Estas condiciones contribuyen a la revictimización de los menores afectados, agravando el impacto del abuso.

El fenómeno, además, ha evolucionado hacia el entorno digital, donde se manifiesta mediante prácticas como el acoso en línea, el grooming, la extorsión y la difusión de material íntimo. Las limitaciones en regulación, investigación y persecución de estos delitos mantienen a los menores expuestos en un espacio virtual sin fronteras.

Las informaciones también indican que la problemática requiere respuestas integrales que incluyan el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, la coordinación efectiva entre instituciones y la garantía de atención continua a las víctimas. Asimismo, se resalta la necesidad de implementar políticas públicas sostenidas orientadas a la protección de la niñez y la erradicación de la violencia.

Aseveró que el contexto actual posiciona el abuso infantil como uno de los principales desafíos sociales en la República Dominicana, con implicaciones directas en el desarrollo, la salud mental y la seguridad de la población menor de edad, en un escenario que demanda acciones sostenidas por parte del Estado y los organismos responsables de su protección.