La Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santiago rechazó el recurso presentado por Luisa Yasiris Guzmán, una de las imputadas en el proceso penal de la Operación Onco14, y mantuvo en su contra la medida de prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Público.
El tribunal de alzada acogió los argumentos del órgano acusador y estableció que persiste el riesgo de fuga, además de valorar la fuerza probatoria, legalidad y pertinencia de los elementos de prueba obtenidos durante la investigación.
Guzmán está vinculada al proceso que investiga una presunta estructura que, según el Ministerio Público, habría utilizado maniobras fraudulentas para enriquecerse mediante operaciones que afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La imputada cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, luego de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente le impusiera en junio pasado una medida de coerción por 18 meses.
Corte cita complejidad del proceso
En sus motivaciones, la corte indicó que el caso tiene un nivel de complejidad “que el tribunal no puede pasar por alto”.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por los fiscales Joanna García Rivas, de la Dirección General de Persecución, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos de la Fiscalía de Santiago.
Además de Guzmán, también figuran bajo medidas de coerción su esposo, Héctor Antonio Lora Cruceta, quien cumple prisión preventiva, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, a quien le fue impuesto arresto domiciliario.
Imputaciones del Ministerio Público
Los procesados fueron arrestados durante la Operación Onco14 y enfrentan cargos provisionales por presuntos hechos de fraude clínico y farmacéutico, cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
De acuerdo con la investigación, Lora Cruceta fungía como expresidente del consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
Mientras, Luisa Yasiris Guzmán presidía la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez ocupó la vicepresidencia del patronato y también habría fungido como auditora interna y externa de la entidad.
El Ministerio Público sostiene que los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados, hoy Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sustraído fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
Entre los hechos atribuidos figuran la venta de medicamentos donados, contrabando con exoneraciones fiscales, tráfico con sustancias controladas, uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, gastos de representación presuntamente ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según el órgano investigador, los procesados también habrían sobornado a distribuidoras de medicamentos y utilizado la fundación Tócate RD para distraer fondos y cobrar al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
El Ministerio Público señala, además, que otro de los mecanismos utilizados para la presunta distracción de fondos fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no correspondían al personal de este tipo de entidades.
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