La ejecución de la Ley 16-26 acumula señales de alarma. Ayer viernes, el Comité Institucional Codiano (CIC) llevó sus reclamos directamente a las puertas del Congreso Nacional, donde depositó comunicaciones formales ante los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados exigiendo fiscalización sobre el proceso. Al mismo tiempo, una decisión del nuevo presidente del CODIA de remover a los veedores gremiales ante la Comisión Ejecutora de la ley abrió un frente interno que complica aún más el panorama.
¿Qué es la Ley 16-26 y por qué los contratistas protestan?
La Ley 16-26 fue aprobada por el Congreso Nacional para atender reclamaciones históricas de contratistas del Estado dominicano. Su ejecución, sin embargo, ha estado marcada por lo que el CIC describe como lentitud, falta de información e incertidumbre, factores que motivaron la movilización de este viernes frente al Palacio del Congreso.
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, presidente en funciones y vocero autorizado del CIC, respectivamente, encabezaron la jornada junto a decenas de contratistas que se congregaron para respaldar las comunicaciones depositadas ante los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
"El Congreso aprobó esta ley y tiene ahora la responsabilidad de vigilar su cumplimiento. La función legislativa no termina con la aprobación de una legislación; también corresponde comprobar que sus disposiciones sean ejecutadas".Emiliano Familia
Arquitecto
¿Por qué el Congreso debe fiscalizar y no solo legislar?
La demanda de control parlamentario
El CIC fundamenta su solicitud en la facultad constitucional de fiscalización que corresponde al Poder Legislativo. El argumento es directo: si el Congreso creó el marco legal, tiene la obligación de verificar que la Comisión Ejecutora lo implemente con la celeridad y transparencia que los contratistas esperan.
La petición implica que los legisladores convoquen a los responsables de la ejecución, soliciten informes y, de ser necesario, intervengan para destrabar un proceso que, según el CIC, avanza con opacidad.
¿Qué pasó con los veedores del CODIA y por qué genera controversia?
Una remoción que nadie esperaba
Paralelamente a la presión sobre el Congreso, el CIC enfrenta un golpe interno. El nuevo presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el arquitecto George Richardson, dejó sin efecto la designación del arquitecto Emiliano Familia y del ingeniero Nelson Colón como veedores del gremio ante la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26.
La decisión sorprendió al CIC, que apenas el lunes anterior había solicitado formalmente a Richardson que ratificara esas designaciones, precisamente por el conocimiento acumulado de ambos profesionales sobre la ley, sus antecedentes, el protocolo operativo y las reclamaciones en curso.
"Estamos defendiendo la necesidad de que el CODIA tenga ante la Comisión Ejecutora una representación técnica, independiente, activa y profundamente conocedora de los expedientes y de la lucha sostenida durante años por los contratistas".Miguel Liberato
Ingeniero
¿Qué implica perder esos veedores?
En la Ley 16-26, los veedores son los ojos del sector profesional dentro del proceso de ejecución: verifican que los procedimientos se cumplan, que los expedientes avancen y que los intereses de los contratistas estén representados técnicamente. Removerlos en medio del proceso, argumenta el CIC, debilita la capacidad de control independiente justo cuando más se necesita.
El comité anunció que solicitará formalmente la reconsideración de la medida y la ratificación de Familia y Colón, apelando a la continuidad institucional y al dominio técnico que ambos han acumulado durante años de seguimiento al proceso.
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