La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró este lunes la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas en el marco del proceso de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027.
Se trata del proceso núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, iniciado el 11 de septiembre de 2024, el cual recibió 172 ofertas y culminó con la adjudicación a 101 proveedores, de los cuales, 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez.
Los resultados de la investigación de oficio llevada a cabo por el órgano rector y documentados en la resolución RIC-0106-2025 INABIE concluyó que el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie incurrió en actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Entre los hallazgos identificados figuran los siguientes:
– Evaluación técnica y económica cuestionada: Se habilitaron ofertas que no cumplían requisitos técnicos y documentales, incluso tras agotar la etapa de subsanación.
– Evaluaciones técnicas realizadas por funcionarios del Inabie que no fueron designados como peritos.
– Visitas técnicas incompletas: Falta de videos y evidencias completas, discrepancias entre lo declarado por oferentes y lo verificado por peritos, e inspecciones realizadas por personas no designadas formalmente.
– Garantías de seriedad no conformes: Adjudicatarios presentaron pólizas que no cumplían las condiciones legales de ser irrevocables, incondicionales y renovables.
– Criterios de adjudicación no documentados: No se publicó ni sustentó la metodología de asignación de puntajes.
– Indicios de falsedad documental y prácticas anticompetitivas: Certificados y documentos crediticios con apariencia de falsificación, así como vínculos societarios entre oferentes.
A raíz de estas irregularidades, de los 31 contratos afectados, la DGCP ordenó la reevaluación de once ofertas y la emisión de los actos administrativos correspondientes para la readjudicación de los referidos bienes. Asimismo, ordenó al Inabie identificar y sancionar a los funcionarios y servidores responsables de violar el debido proceso.
Por su parte y en el marco de sus competencias, la DGCP indicó que inició el proceso para la inhabilitación permanente de los proveedores vinculados a falsificación documental, en cumplimiento de los procedimientos administrativos sancionadores establecidos en la normativa vigente.
Mediante una nota de prensa, el órgano rector también informó que el expediente fue remitido al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para las acciones correspondientes en el ámbito de sus funciones.
Nuestro mandato legal y el compromiso con la ciudadanía nos obligan a actuar cada vez que un proceso de contratación pública presenta riesgos para la integridad y la confianza del sistema. La transparencia, la igualdad y la competencia leal son principios innegociables. Defenderlos no es una opción; es una responsabilidad que asumimos con firmeza, aseguró el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La institución anunció que próximamente emitirá otras dos resoluciones con relación a los procesos de adquisición de mochilas y uniformes, respectivamente.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}