Una de las novedades del nuevo marco legal es que la corrupción pasa a ser considerada un delito autónomo. Según se explicó, cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente como un acto de corrupción.
Entre las conductas tipificadas se destacan el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos incompletos o defectuosos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de fondos públicos.
Carlos Pimentel destaca cambio de paradigma en contrataciones públicas
Durante la conferencia “Integridad: la nueva realidad de la Ley 47-25”, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la nueva legislación impulsa un cambio de paradigma en la gestión de las compras y contrataciones del Estado.
Pimentel explicó que la normativa promueve una planificación estratégica orientada al desarrollo local, la sostenibilidad y la eficiencia del gasto público.
El funcionario advirtió sobre las consecuencias legales de depositar recursos estatales en cuentas personales, realizar cambios no autorizados en el uso de partidas presupuestarias, cobrar por servicios que la ley establece como gratuitos y participar en procesos de contratación donde existan conflictos de interés.
Contraloría aborda mecanismos de control y fiscalización
Por su parte, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, impartió la conferencia “Marco Normativo de las Funciones de la Contraloría General de la República”, en la que abordó los principales mecanismos de control y fiscalización establecidos para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen la administración de los recursos públicos.
Espinosa Pérez exhortó a los hospitales a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos establecidos en la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, al advertir que estas prácticas pueden generar conflictos legales, reclamaciones y dificultades para la ejecución de los pagos.
Registro de contratos como requisito para desembolsos
El contralor recordó que los contratos derivados de procesos de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones deben ser registrados en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República, requisito indispensable para la validación de los desembolsos de fondos públicos.
Explicó que la institución realiza una revisión integral de la documentación antes de emitir la certificación correspondiente, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Diálogo con representantes del sector salud
Como parte de la agenda, se habilitó un espacio de preguntas y respuestas que permitió el intercambio directo entre los participantes y los expositores.
El encuentro fomentó el diálogo y la búsqueda de soluciones prácticas para fortalecer los mecanismos de control, cumplimiento y transparencia en los servicios de salud del país.
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