La auditoría de 2024 señala contratos con empresas en las que empleados públicos tienen una participación accionaria superior a la permitida y una ejecución de contrataciones que excedió en 85 millones 370 mil 437 pesos con 20 centavos lo previsto.
La Contraloría General de la República observó cuatro contratos de bienes y servicios adjudicados por el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) a empresas con participación accionaria de empleados públicos de hasta el 90 %. En la auditoría de sus operaciones de 2024, también señaló que las contrataciones superaron en 85 millones 370 mil 437 pesos con 20 centavos lo previsto en el plan anual de compras.
Estos señalamientos figuran en el informe fechado el 28 de agosto de 2026, que examinó una muestra de operaciones de presupuesto, tesorería, inventarios, bienes, compras y recursos humanos del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
El período auditado comprende parte de dos gestiones al frente del CESAC: la de Floreal Suárez Martínez (2022-2024), hoy mayor general retirado, y la del tambien mayor general Enmanuel Souffront Tamayo (agosto de 2024-agosto de 2026), actualmente comandante gneral de la Fuerza Aèrea de Repùblica Dominicana (FARD).
Este informe es una de las 28 auditorías internas que el presidente Luis Abinader ordenó al contralor general de la República hacer públicas. Según el mandatario, su divulgación busca que la ciudadanía compruebe en qué y cómo se utilizan los recursos públicos en las instituciones del Estado.
Cuatro contratos observados
Sobre los cuatro contratos, la Contraloría señaló incumplimientos de las disposiciones de la Ley 340-06 citadas en el informe y de los controles destinados a prevenir conflictos de intereses. El apartado no precisa los montos individuales de las adjudicaciones. El documento tampoco identifica por nombre a los servidores públicos con participación accionaria en las empresas contratadas por el CESAC.
El cuadro identifica a A&d Auto Import, SRL, con participación accionaria de un empleado público del 50%; Inversiones y Suplidores N.P.C.A., SRL, del 90%; Descar Dominicana Eventos y Más, SRL, del 50%; y Army Group ERC, SRL, del 60%.
En tal sentido, el órgano fiscalizador recomendó suspender las relaciones contractuales vigentes con proveedores comprendidos en el régimen de prohibición, cruzar el registro de proveedores con la nómina estatal y exigir certificaciones de composición accionaria y declaraciones juradas.
Diferencia frente al plan anual de compras
Además de las adjudicaciones observadas, la auditoría identificó una diferencia frente al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). El plan contemplaba 296 millones 245 mil 347 pesos con 93 centavos y, según el hallazgo, la ejecución alcanzó 381 millones 615 mil 785 pesos con 13 centavos: 85 millones 370 mil 437 pesos con 20 centavos sobre lo previsto.
Respecto de esta diferencia, la Contraloría señaló debilidades en la estimación de necesidades y el seguimiento del plan. Recomendó realizar levantamientos técnicos en cada unidad solicitante, capacitar al personal de planificación y compras y establecer indicadores para detectar desviaciones y adoptar medidas correctivas.
Por separado, el resumen de compras registra 279 procedimientos, adjudicaciones por 279 millones 346 mil 388 pesos con 54 centavos y contrataciones por 242 millones 253 mil 280 pesos. Sin embargo, el informe no concilia estos totales con la ejecución citada en el hallazgo del plan anual, por lo que no corresponde tratarlos como cifras acumulables.
De esos 279 procedimientos, 138 fueron compras menores y 126, compras por debajo del umbral. Los restantes correspondieron a 12 comparaciones de precios, dos licitaciones públicas nacionales y un proceso de excepción. Este desglose no acredita por sí solo el fraccionamiento de compras.
El informe no declara subsanado ninguno de los dos hallazgos de compras y contrataciones. Esa ausencia no permite determinar su estado actual. En otras áreas, en cambio, la Contraloría sí declaró subsanadas varias observaciones tras evaluar la documentación del CESAC.
Contexto y otras observaciones
La auditoría fue notificada el 26 de agosto de 2025. El CESAC, una dependencia de las Fuerzas Armadas creada mediante el Decreto 28-97 en 1997, tiene como función principal la seguridad en los aeropuertos.
El informe no atribuye los hallazgos a personas específicas; su análisis se limita a las operaciones del período de gestión auditado. Los montos citados en las observaciones no deben interpretarse como sumas desviadas o sustraídas, sino como valores vinculados a deficiencias en los procesos e incumplimientos de normativas y resoluciones. Estos señalamientos no acreditan, por sí solos, un desvío o una sustracción de recursos.
Como antecedente, el documento cita auditorías del Ministerio de Defensa correspondientes a 2022, 2023 y 2024 y señala que no todos los servicios eran facturados conforme al Código Tributario y la Norma General 06-2018 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Ese apartado no establece que la situación persistiera durante la nueva revisión.
Ingresos y cuentas bancarias
La auditoría reporta ingresos por 1,778 millones 962 mil 293 pesos con 98 centavos, incluidos 1,721 millones 925 mil 949 pesos con 83 centavos del renglón «entrada y salida de pasajeros». El texto los denomina presupuestarios y el cuadro, extrapresupuestarios, sin aclarar la clasificación.
En el manejo de ingresos propios, los auditores observaron recursos depositados en una cuenta operativa del Banco de Reservas que, en ocasiones, se utilizaron para cubrir gastos institucionales sin pasar previamente por la Cuenta Única del Tesoro (CUT). El cuadro del hallazgo relaciona 99 cheques con un monto de 8 millones 253 mil 405 pesos con 30 centavos.
La Contraloría recomendó transferir los ingresos propios al Tesoro y gestionar su uso mediante la asignación presupuestaria correspondiente para asegurar el seguimiento de los recursos y los controles del gasto.
Sobre las transferencias al Tesoro, el informe recoge una comunicación del 22 de mayo de 2026 según la cual los balances anuales de las subcuentas de disponibilidad en pesos y dólares se transfieren a la CUT. La explicación se refiere al cierre anual de las subcuentas, no a la transferencia previa de los ingresos utilizados desde la cuenta operativa.
Asimismo, se identificaron dos cuentas bancarias sin incorporar al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Otra observación, sobre la ausencia de conciliaciones mensuales del Tesoro y sus subcuentas, fue declarada subsanada tras evaluar la documentación del CESAC.
Diferencias en los registros de bienes
En los registros patrimoniales, la revisión encontró una diferencia de 36 millones 567 mil 739 pesos con 18 centavos entre las adiciones de mobiliario y equipos del Sistema de Administración de Bienes (SIAB), por 80 millones 615 mil 112 pesos con 6 centavos, y los pagos presupuestarios de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por 44 millones 47 mil 372 pesos con 88 centavos.
Además, los activos fijos de los estados financieros, por 76 millones 990 mil 357 pesos con 5 centavos, superaban en 4 millones 862 mil 282 pesos con 19 centavos el saldo del SIAB, de 72 millones 128 mil 74 pesos con 86 centavos. La Contraloría pidió conciliar los registros; el hallazgo no establece que la diferencia corresponda a bienes desaparecidos.
La auditoría también identificó bienes sin registrar. La Contraloría observó 160 equipos donados por AERODOM que no figuraban en el SIAB ni en los auxiliares de activos fijos: 93 antenas, seis cargadores múltiples, siete radios base y 54 radios digitales para la Dirección de Tecnología. Los ejemplares caninos utilizados en seguridad tampoco estaban registrados en el SIAB; el apartado no precisa su cantidad ni su valor.
En los inventarios de materiales y suministros, con un saldo de 32 millones 207 mil 574 pesos con 96 centavos, se detectaron valoraciones incorrectas, errores aritméticos, reportes incompletos o sin fecha y activos fijos registrados como existencias de almacén. También se señaló la ausencia de inventarios físicos semestrales de mobiliario y equipos.
Flotilla y seguros
En los registros de la DGII figuraban 30 vehículos a nombre del CESAC que no aparecían en la flotilla suministrada: tres autobuses Huaao, modelo 2024, atribuidos por el informe a la gestión iniciada el 17 de agosto de 2020, y 27 unidades de gestiones anteriores. La observación se refiere a una discrepancia entre registros, no a una pérdida física comprobada.
En cuanto a la cobertura de la flotilla, ocho motocicletas estaban fuera de la póliza vigente, mientras cinco vehículos fuera de operación seguían asegurados: un minibús, tres camionetas y una ambulancia. La Contraloría recomendó actualizar los inventarios y las coberturas.
Dos de las motocicletas sin cobertura aparecen con la anotación «entregado sin placa». El cuadro no acredita que estuvieran circulando.
En esta área, la Contraloría declaró subsanadas dos observaciones: 35 vehículos sin registrar en el SIAB y, en la muestra examinada, 173 muebles y equipos de oficina y 35 vehículos sin códigos de Bienes Nacionales. La decisión se adoptó tras evaluar los alegatos y documentos institucionales.
Caja chica, arrendamiento y transparencia
En la revisión de caja chica se observaron comprobantes sin datos obligatorios,como concepto, monto en letras, fecha o firmas, y recibos provisionales sin sustituir después del plazo de 48 horas. La institución disponía de 14 fondos por un total de 530 mil pesos; ese monto corresponde a los fondos, no al valor de los comprobantes observados.
En otro apartado, el informe señala que el CESAC no suministró el contrato de arrendamiento del terreno ubicado en Jamao e Isabel de Torres, utilizado para repetidores que apoyan a los aeropuertos del Cibao y Gregorio Luperón. El hallazgo cita 155 mil 760 pesos y la orden de servicio CESAC-2025-00137, sin explicar la referencia a 2025 dentro de la auditoría de 2024.
Por ello, la Contraloría recomendó formalizar el arrendamiento y definir sus condiciones. Advirtió que los desacuerdos con el propietario podrían interrumpir las comunicaciones, sin señalar que esa interrupción hubiera ocurrido.
En materia de transparencia y personal, la Contraloría declaró subsanada la observación sobre 12 nóminas de compensación especial no publicadas en el portal de transparencia, por 5 millones 112 mil 500 pesos, tras evaluar la documentación institucional. También dio por subsanado el señalamiento sobre asignaciones de combustible de enero y agosto de 2024 que excedían en 52 mil 900 pesos el límite del 10% del salario citado por los auditores.
Presupuesto y control interno
El documento reporta un 100% de implementación de los cinco componentes de las Normas Básicas de Control Interno. Aun así, la revisión de operaciones específicas identificó las observaciones descritas.
El presupuesto vigente fue de 1,451 millones 204 mil 583 pesos y el gasto devengado, de 1,391 millones 569 mil 318 pesos con 17 centavos. La diferencia, de 59 millones 635 mil 264 pesos con 83 centavos, correspondía a disponibilidad presupuestaria no ejecutada, no a efectivo transferido al Tesoro. La Contraloría aceptó modificar la redacción de ese punto y lo declaró subsanado.
Dentro de los pagos reportados, las obras sumaron 6 millones 424 mil 655 pesos con 34 centavos: 2 millones 33 mil 763 pesos con 55 centavos para la cubicación final del segundo adéndum del almacén y 4 millones 390 mil 891 pesos con 79 centavos para remodelar el edificio principal. Ese apartado no formula un hallazgo de irregularidad. Al cierre de 2024, no se registraban cuentas por pagar pendientes.
Las recomendaciones de la Contraloría se centran en conciliar los registros financieros y patrimoniales, incorporar bienes y donaciones, verificar los proveedores y mejorar la planificación de compras. Aunque el informe declara subsanadas varias observaciones, no incluye una declaración expresa de subsanación sobre los ingresos utilizados sin transferencia previa, los cuatro contratos ni las diferencias de bienes.
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