El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres acusados de falsificar documentos judiciales con el propósito de gestionar la libertad irregular de un imputado de la Operación Discovery, informó el Ministerio Público.
Ariel Antonio Bencosme Reyes, quien se desempeñaba como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago y se encontraba suspendido de sus funciones, fue condenado a cinco años de prisión. La misma pena fue impuesta a Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales.
En tanto, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la Operación Discovery, recibió una condena de dos años de prisión.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, absolvió a Francisco Antonio Vásquez Pichardo, conocido como Frank, padre de Vásquez Ventura.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los procesados participaron en una estructura que buscaba obtener de manera irregular la libertad de Vásquez Ventura, quien se encontraba en prisión mientras enfrentaba imputaciones relacionadas con delitos de ciberdelincuencia y lavado de activos, entre otros hechos investigados a partir de la Operación Discovery.
Vásquez Ventura había sido condenado en el primer proceso tras acogerse a un procedimiento penal abreviado por delitos cibernéticos.
Falsificación de documentos judiciales
Durante el juicio, los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez presentaron pruebas documentales, periciales y materiales que, según el Ministerio Público, sustentaron la acusación contra los procesados.
La acusación sostiene que los involucrados falsificaron sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales para gestionar la libertad irregular de imputados a cambio de dinero.
Bencosme Reyes trabajaba como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago, mientras que Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y La Vega.
El Ministerio Público presentó cargos por falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos en perjuicio del Estado.
Los hechos fueron tipificados bajo los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151 y 177 del Código Penal dominicano, relativos, entre otros delitos, a la asociación de malhechores, falsedad en escritura auténtica o pública, uso de documentos falsos y soborno.
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