El Ministerio Público informó, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), sobre la imposición de una condena de 15 años de reclusión y el pago de una multa de 100 salarios mínimos a una mujer hallada culpable de explotar sexualmente a sus dos hijas menores de edad.
La PETT, que dirige la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, destacó que el caso conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se resolvió gracias a la cooperación jurídica internacional entre República Dominicana y Estados Unidos.
Resaltó que la cooperación de Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se llevó a cabo bajo los protocolos de la Convención de Palermo.
Recordó que la PETT actuó al amparo de la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del 7 de agosto de 2003, mediante la cual el país cumple los compromisos de la Convención de Palermo y su Protocolo complementario.
El caso se originó cuando el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitieron información a la PETT, sin solicitud previa y en aplicación del artículo 18, párrafos 4 y 5, de la Convención de Palermo, que permite a un Estado parte transmitir información penal a otro cuando puede ayudar a iniciar o concluir una investigación.
La cooperación se sustenta también en el artículo 27 de la Convención, sobre cooperación entre organismos de investigación penal.
Por tratarse de víctimas menores de edad, el Ministerio Público aplicó además los artículos 24 y 25 de la Convención, sobre protección de testigos y asistencia a las víctimas, resguardando su identidad y seguridad durante la investigación y el proceso judicial.
Las autoridades estadounidenses remitieron a la PETT documentación digital de la investigación seguida en el estado de Nueva York contra el ciudadano Daniel Batista, condenado en ese país por delitos de índole sexual.
El análisis forense de su teléfono celular permitió determinar que, desde territorio dominicano, una mujer le enviaba de manera recurrente imágenes de contenido sexual de menores de edad, a cambio de remesas de dinero.
El Ministerio Público comprobó que la encartada desnudaba y fotografiaba a sus dos hijas y a otras niñas de su entorno familiar y social, para enviar las imágenes, a cambio de dinero, a Batista, quien la solicitaba.
Proceso judicial y condena
La investigación del caso estuvo a cargo de la procuradora fiscal Aleika Almonte, con apoyo de la agencia investigativa Dicat y la Unidad de Investigaciones de la PETT.
Mientras que, en el juicio, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de las procuradoras fiscales Aleika Almonte y Noelia Tavera.
Daniel Batista fue sentenciado adicionalmente a 18 años de prisión en el estado de Nueva York, tras comprobarse en su contra la posesión de material de abuso sexual infantil.
“Este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”, sostuvo la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, al referirse a la decisión.
Bejarán Alvárez destacó que “la cooperación internacional es fundamental para perseguir estos crímenes”. “Desde la PETT, seguiremos fortaleciendo estos vínculos para proteger a nuestra niñez”, sostuvo, al tiempo que reiteró el llamado del Ministerio Público a la ciudadanía para que denuncien cualquier situación de explotación, abuso o violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de las líneas habilitadas con esos fines.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez (presidenta), Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, dictó la sentencia condenatoria con base en los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público.
La sentencia fue dictada contra la procesada por violar el artículo 24 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 25, párrafo III; 26, 409, 410 y 411 de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Prisión para cinco imputados de sicariato perpetrado contra líder comunitario de Los Alcarrizos
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco hombres que se asociaron para conformar una red de sicariato imputada de la muerte de un líder comunitario en el municipio de Los Alcarrizos, en Santo Domingo.
El proceso contra los imputados Daimy Hernández Zorrilla, Eddy Manuel Arias Recio, Saulo Keli Núñez, Rafael Enrique Amaro Pereyra y Enrique Corniel Jerez también fue declarado de tramitación compleja, como solicitó el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal Anyelina Vicioso, el imputado Hernández Zorrilla fue la persona que ordenó, planificó y pagó para ejecutar el sicariato contra José Frank Valerio, así como el intento de homicidio contra Junior Adiel López Reyes.
El expediente establece que el 7 de agosto de 2026, José Frank Valerio y Junior Adiel López Reyes se encontraban conversando en la parada de motoristas La Compuerta, ubicada en la carretera de Hato Nuevo, cuando fueron interceptados por los imputados Rafael Enrique Amaro Pereyra y Enrique Corniel Jerez.
Durante el ataque, López Reyes recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le provocaron heridas con un período de curación estimado entre seis y doce meses, mientras que José Frank Valerio salió ileso en esa ocasión.
La investigación establece que, una semana después, el 14 de agosto de 2026, Saulo Keli Núñez alertó a Eddy Manuel Arias Recio y a Enrique Corniel Jerez de que Valerio se encontraba nuevamente en la referida parada de motoristas.
Posteriormente, los imputados llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra José Frank Valerio, provocándole la muerte.
Durante la audiencia, los fiscales litigantes Ramón de la Rosa y Jerjes Pérez señalaron que el Ministerio Público cuenta con diversos elementos de prueba que sustentan la investigación, entre ellos, videos de cámaras de vigilancia en los que se observa a Hernández Zorrilla en la residencia del imputado Arias Recio.
Asimismo, indicaron que durante la investigación se obtuvo información según la cual Hernández Zorrilla habría pagado la suma de RD$ 50,000 por la ejecución del sicariato.
El Ministerio Público también estableció ante el tribunal que al imputado Rafael Enrique Amaro Pereyra le habían sido impuestos previamente tres meses de prisión preventiva por un proceso relacionado con un robo agravado cometido contra una ciudadana en la avenida Prolongación 27 de Febrero.
De manera provisional, el órgano persecutor atribuye a los imputados la violación de los artículos 72, 73, 91 y 92, numeral 3, 98 y 373, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de las víctimas José Frank Valerio y Junior Adiel López Reyes.
El juez Reyes Rodríguez dispuso que los cinco imputados cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones.
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