Concurso Público para aspirantes a fiscalizadores con serios cuestionamientos, nuevamente

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) desde años se ha estado manejando selectivamente, con política dedocrática, a la hora de seleccionar a los miembros del Ministerio Público en la República Dominicana, sin que la Procuraduría General pueda intervenir.

El 25 de noviembre del 2024 se convocó, a través de diversas plataformas digitales de la Escuela Nacional del Ministerio Público, un concurso para aspirantes a fiscalizadores.

Quien se ha comportado como dueña y señora de la Escuela es la rectora, la magistrada Marien Montero Beard.

La convocatoria con las bases del concurso fue distante de las anteriores convocatorias, pues en la actualidad solo se podía seleccionar una opción para participar en la misma, especificando que no era obligatoriamente necesario que el concursante pertenezca al lugar donde aspira ganar la plaza.

Sin embargo, al momento de recepción de expedientes, en muchos casos no permitían depositar documentos porque el depositante no tenía residencia en el lugar, obligándolo a mostrar documentos, hacer contratos de alquiler, aportar declaraciones notariadas para que esta entidad realizara la recepción.

Muchos se vieron obligados a firmar contratos de alquiler de viviendas, cambiar la plaza de preferencia y tristemente, al final de cuentas, desistir de depositar sus peticiones por las trabas que imponía, desde el día cero, la rectora Marien Montero Beard.

La convocatoria de prueba de conocimientos inició el 10 de febrero del 2025 con un total de 1,128 profesionales del derecho.

Al momento de la toma del examen, quedó demostrado que el mismo arrojaba fallas; preguntas con dos respuestas de selección, pero para el sistema solo una respuesta era reconocida como correcta. Y en cualquier punto que respondiera no erraba la respuesta, por la forma ambigua en que se planteaba la pregunta.

Al iniciar la revisión, a pesar de que las bases del concurso estaban claras, la rectora arbitrariamente negó a personas la revisión de examen ya que, según su criterio, la revisión era para confirmar nuevamente las notas de los concursantes, mientras que otros tuvieron la suerte de que se les permitió revisar 4 preguntas (aleatorias seleccionadas por el concursante).

Ante denuncias insistentes de los concursantes se tuvo que intervenir ante la rectora. Lo hizo un miembro titular del Consejo Superior del Ministerio Público y el Consejo Académico para que las revisiones se llevaran a cabo y se respetaran las bases de este concurso.

Es importante destacar, dicen los denunciantes que prefieren conservar el anonimato, que el papel de la rectora en este proceso debía ser solamente de gerencia; sin embargo, “se extralimitó a tomar atribuciones avasallantes, humillando -como siempre- a profesionales, amenazando a empleados y creando una tensión que retumbó en cada rincón institucional”.

Muchos profesionales lograron entrar a la fase siguiente por esta revisión, pero en la convocatoria de exámen psicométrico apareció un listado con 1,139 personas, lo que significa que alguna que no asistió a la primera fase fue incluida, lo que representó otro elemento para las dudas sobre la calidad de la selección por concurso.

A cada concursante se le asignó, al momento de depositar sus documentos, un número de expediente, número con cual se daría seguimiento y sería identificado durante todo el proceso, pero la rectora y sus subalternos decidieron cambiar los números asignados y dislocar así la estructura organizada que tenían las bases.

Se entiende que de ese modo la rectora podía introducir a personas y hasta familiares en plazas como Salcedo, donde quedó un familiar suyo, la señora Marlene García Montero, y otra persona de apellido Montero, presumiblemente en Monte Plata.

Estas dudas rebosaron la copa de los concursantes, pero no fue todo. Se incrementó luego de la realización de las entrevistas, en las que de manera clandestina, el viernes 8 de agosto 2025, empezaron a sonar los celulares ofreciendo los nombres de treinta (30) personas, cuyo promedio estaba con las notas entre 50 y 57, convocandolos para el lunes once (11) de agosto, a una reunión donde se les ofreció plazas en fronteras y otros lugares, sin tomar en cuenta personas con notas más elevadas, y advirrtiendo a los presentes no informar ni hablar con nadie sobre lo tratado.

Se ofertaron plazas a personas con calificaciones por debajo de los promedios de otros concursantes, moviéndolos de un lugar a otro, de provincias, de regiones, sin explicación.

El jueves 14 agosto, en horas de la tarde, ya se rumoraba una actividad de bienvenida en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), para juramentar a los ganadores del concurso. Sin embargo, los reglamentos establecen una revisión de tres días de los concursantes, luego de publicada la lista de los ganadores (lista que no se ha colocado).

Evidentemente, así se da a demostrar que nadie iba a entrar en revisión porque ya las plazas estaban ocupadas y "los ganadores" prestos a ocupar de manera inmediata sus funciones a partir de SEPTIEMBRE 2025 (información que se les brindó a aquellos privilegiados).

No se puede olvidar que la rectora de la ENMP es la misma que, en medio de la pandemia, encabezó un concurso en el que cualquier interesado digitada su cédula y podía finalizar sin llenar una sola pregunta y su nota asignada estaba predeterminada. Ese concurso tuvo que ser cancelado.

Es la misma persona que, siendo parte de una institución donde funge como rectora, se apersonó y se pronunció en los medios solidarizandose con su líder y exjefe, el ex procurador general Jean Alain Rodriguez, visitándolo en la clínica, precisamente en momentos en que guardaba prisión por un proceso abierto en su contra por parte de la PGR.

Este concurso en la pandemia se suspendió por fraude, lo que fue motivo de un escándalo público. Se entiende que los concursos del Ministerio Público son para garantizar el derecho a la ciudadanía a una atención de justicia por parte del Estado, no para favorecer políticamente a determinadas personas.

Se trataba, entonces, de un equipo en el que su sastre diseñaba a sus directores los trajes a la medida de sus peticiones y órdenes, donde la corrupción, la imposición y el autoritarismo primó cada día de esa gestión, según los testimonios de empleados de esa institución.

La señora Marien Montero, hija de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, del Tribunal Constitucional, se ha mantenido dirigiendo la Escuela Nacional del Ministerio Público, incluso con cierto apoyo de algunos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, sin que la anterior procuradora general, Miriam Germán, haya podido intervenir para aplicar correcciones, y sin que la actual procuradora, Yeni Berenice Reynoso, haya intervenido.

Según denuncias de empleados de la ENMP, esto no solo humilla, sino que viola la Ley de Función Pública en varios de sus principios y normas, porque aplica políticas de terror, amenaza a empleados con cancelarlos, y mantiene a esta dependencia de la Procuraduria General bajo una total tensión donde, ni siquiera por las denuncias, algún doliente ha iniciado entrevistas en las que puedan determinar la veracidad de esta situación.

Ello, pues hasta se ha prohibido y acosado a empleados que querían concursar, y a otros les ha ido peor porque la han desafiado para entrar al concurso, según lo denunciado.

“Las lagrimas, la humillación, la dictadura, la tensión que hay en este lugar es terrible, penoso y hasta se siente al hablar con empleados”, dicen los denunciantes en un documento entregado a Acento.

La rectora Montero tuvo quer ver con el nombramiento de un relacionado suyo quien, ejerciendo la función de “Coordinador de Producción”, ganaba cientos de miles de pesos, sin que nadie supiera dónde laboraba.

La PGR tiene una rectora de la ENMP que dirige como desea los concursos. Ya ella cumplió su período en el cargo. Se desconoce las razones por las que el Consejo Superior del Ministerio Público no ha podido realizar el cambio, ni tampoco ha aplicado medidas para sancionar decisiones contrarias a las normas.

“Esta carta fue redactada en honor a cientos de jóvenes que denunciaron en pandemia y que hoy siguen viviendo la misma situación, por alguien que no tiene la capacidad, ni mucho menos la transparencia para manejar nada en una institución en la que se lucha contra la corrupción”, dicen los denunciantes.

“La igualdad y la transparencia debe ser la definición en cualquier concurso; sin embargo, solicitar a empleados cartas de sus superiores o evaluación de desempeño para concursar, mientras que personas que no pertenecen a la institución no se les solicita nada, es discriminatorio y una oportunidad para limitar a empleados con capacidad y preparación para ocupar la función”, explican en su mensaje.

“Este llamado de atención es para que en esta dependencia no continue como gestiones pasadas, donde empleados y externos concursaban y se les solicitaba dinero, o se imponía los que tenían mejores relaciones”, se subraya en el texto.

Exhorta a los empleados y aspiraciones a posiciones a que “luchen, no hagan denuncias en publicaciones de instagram que borran al final, porque aquellos que han enfrentado el sistema y sometieron recursos de amparo, porque han sentido que le han violado sus derechos fundamentales, han logrado hoy ser fiscales y ocupar posiciones importante en la Procuraduria General. Ser fiscal es sinónimo de valentía, veamos la máxima autoridad y ese equipo que le acompaña cómo han luchado sin miedo a nada”.