Concesionarios piden suspender licitación para 100 camiones compactadores por “condiciones restrictivas”

Varios concesionarios de vehículos pesados solicitaron al Gobierno suspender y reformular la licitación CCC-SI 0001, convocada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para la adquisición de 100 camiones compactadores de basura por un monto estimado de RD$ 750 millones, al alegar que el pliego de condiciones contiene requisitos “restrictivos y discriminatorios”.

Las empresas Viamar, Bonanza Dominicana, Peravia Motors, Equimax, Importadora Cordero y MTE Group informaron, en comunicaciones separadas dirigidas al ministro administrativo Andrés Bautista y al comité de compras, que el proceso estaría configurado como un “traje a la medida” que podría favorecer a un único proveedor.

Entre los puntos cuestionados, los concesionarios señalaron que el pliego exige contar con el 70% de las unidades en existencia para poder participar y otorga apenas cinco días para entregar el 30% restante, además de requerir que los vehículos estén registrados y con placas. Aseguraron que estas condiciones resultan de difícil cumplimiento para cualquier suplidor en el mercado.

También objetaron especificaciones técnicas como la autonomía de combustible, la longitud y el tamaño del chasis, así como la obligación de mantener el inventario en almacén, lo que calificaron como “prácticamente imposible”.

Como parte de sus propuestas de modificación, los distribuidores plantearon permitir una transmisión de ocho velocidades más reversa, aceptar tanques de combustible desde 160 litros (en lugar de 170 litros o más), incorporar un sistema electrónico de compactación en vez de manual, y ampliar la capacidad a un rango de 10 a 13 yardas cúbicas (en lugar de 10 a 12), con el argumento de mejorar la eficiencia y reducir la frecuencia de descarga.

Advirtieron que, de mantenerse esos requisitos, los suplidores que no los cumplan quedarían fuera del proceso desde el inicio, limitando la competencia. Por ello, reiteraron su llamado a suspender la licitación y ajustar el pliego para garantizar un procedimiento “más transparente y participativo”.