La Contraloría General de la República (CGR) consideró procedente modificar varios hallazgos de la auditoría al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), tras evaluar sus argumentos y documentos de respaldo. En su respuesta a las réplicas, reconoció observaciones subsanadas, algunas después del informe, y aceptó la explicación sobre las transferencias de capital que afectaron la ejecución presupuestaria. Sin embargo, mantuvo el hallazgo sobre una inversión en La Tabacalera por falta de certificados de acciones que respaldaran los recursos registrados.
José E. Florentino Rodríguez presidió el Fonper durante el período auditado de 2021 a 2023, tras su designación como presidente del Consejo Directivo en octubre de 2020. La mención de su cargo identifica quién dirigía la institución, sin atribuirle responsabilidades personales que la respuesta de la CGR no establece.
Respaldo pendiente en La Tabacalera
El hallazgo sobre La Tabacalera señaló una diferencia de RD$ 191 millones 156 mil 800 entre la inversión registrada en la contabilidad y el valor de los certificados físicos de acciones. Según la réplica de la entidad auditada, el registro ascendía a RD$ 886 millones 506 mil 500, frente a RD$ 695 millones 349 mil 700 en certificados. La observación cuestionó el respaldo documental y la formalización de los aportes.
La institución explicó que RD$ 151 millones 156 mil 800 correspondían al pago y la suscripción de 1,511,568 nuevas acciones, cuya emisión autorizó la asamblea de accionistas del 29 de noviembre de 2023. Los otros RD$ 40 millones fueron desembolsados en noviembre y diciembre de ese año con cargo a futuros aumentos de capital. Al presentar su réplica, indicó que los certificados estaban en proceso de emisión y que la asamblea aún no había aprobado el aumento de capital correspondiente a los otros aportes.
La Contraloría mantuvo el hallazgo sin cambios por la falta de certificados de acciones y dejó su validación para el plan de acción. La explicación institucional sobre el origen de la diferencia no bastó para que la Contraloría considerara subsanada la observación. La documentación consultada no permite establecer si los certificados fueron emitidos o entregados después de esa evaluación.
Explicación presupuestaria aceptada
El hallazgo presupuestario señaló RD$ 3 mil 547 millones 89 mil 932 sin ejecutar durante 2021–2023 y diferencias entre los recursos asignados y los gastos devengados, es decir, reconocidos contablemente. La entidad fiscalizada atribuyó esas variaciones principalmente a las transferencias de capital. Explicó que la ejecución de esa partida dependía de solicitudes, instrucciones y prioridades del Poder Ejecutivo, y no exclusivamente de su programación interna.
La réplica reportó una ejecución equivalente al 16.62 % del presupuesto en 2021, al 154.63% en 2022 y al 69.00% en 2023. Para explicar el resultado de 2021, la institución señaló RD$ 3 mil 800 millones previstos en transferencias de capital cuya ejecución no fue solicitada. En 2022, mencionó una transferencia extraordinaria de RD$ 4 mil 400 millones al Gobierno Central y una adquisición de acciones de La Tabacalera. Para 2023, identificó RD$ 1 mil 216 millones 43 mil en transferencias de capital no solicitadas.
La entidad fiscalizadora aceptó esa explicación y consideró procedente modificar el informe, al reconocer que las partidas subutilizadas eran transferencias de capital sujetas a las solicitudes y prioridades del Poder Ejecutivo. Su respuesta no incluyó una valoración general de la eficiencia de la entidad auditada. La documentación consultada tampoco acredita que los cambios indicados ya se hubieran incorporado a una versión revisada del informe.
Correcciones de control y contabilidad
La auditoría había registrado un cumplimiento de 46.46% en la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). La entidad auditada describió mejoras y reportó una puntuación de 86,16% al cierre del segundo trimestre de 2025 en la documentación de los requisitos exigidos. Tras evaluar los argumentos y documentos aportados, la CGR consideró que el hallazgo había sido subsanado después del informe y que correspondía modificarlo.
Las cifras de control interno corresponden a mediciones distintas. Según explicó la institución, un diagnóstico de febrero y marzo de 2025 situó en 49,61% el cumplimiento de lo documentado y dio lugar a un plan de acción. Para el Índice de Control Interno (ICI), informó calificaciones de 87.23% en el cuarto trimestre de 2024 y de 97.65%, 97.88% y 97.90% en los tres primeros trimestres de 2025, respectivamente. Estos resultados no equivalen al avance documental de las NOBACI ni al cumplimiento de lo documentado.
La entidad fiscalizada describió la elaboración, actualización y recopilación de 34 documentos durante abril–junio de 2024, capacitaciones sobre riesgos y procedimientos, la aprobación de una matriz del plan de comunicación institucional y la conformación de un Comité de Riesgos. La CGR aceptó las evidencias para considerar subsanado el hallazgo, aunque no detalló en su respuesta la comprobación individual de cada porcentaje aportado.
La Contraloría también consideró subsanados después del informe los hallazgos sobre servicios comunes, el inventario no recibido de la gestión anterior y la actualización de activos en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB). En servicios comunes, señaló RD$ 9 millones 830 mil 904 compensados contra gastos, en lugar de registrados como ingresos. La institución indicó que inició su reclasificación en diciembre de 2024. Para el SIAB, la Contraloría aceptó además ajustar la redacción del hallazgo relativo a 39 activos.
Anticipos y gestiones de recuperación
El informe había señalado RD$ 7 millones 731 mil 59 en anticipos para obras no ejecutadas. La entidad auditada argumentó que la cifra incluía reclamaciones judiciales por daños y perjuicios, además de pagos adelantados. La CGR precisó que los anticipos del 20% efectivamente desembolsados ascendían a RD$ 2 millones 463 mil 567 y consideró subsanado el hallazgo, al reconocer las evidencias de las gestiones realizadas por la entidad como contratante. Esa decisión no acredita que los fondos hubieran sido recuperados.
La institución desglosó los anticipos pendientes en RD$ 776 mil 217 de Nezarca Constructora, S.R.L.; RD$ 608 mil 783 de Madeline Canario; RD$ 593 mil 407 de Santo Alomar María Ureña; y RD$ 485 mil 158 de Constructora Sosanma, S.R.L. En los tres primeros casos, informó de demandas para resolver los contratos por incumplimiento, recuperar los pagos y obtener indemnizaciones. En el caso de Sosanma y Ernesto Sánchez Alcántara, se señaló un requerimiento formal para iniciar los trabajos y una oposición al pago ante la CAASD.
La entidad fiscalizada explicó que otros montos del anexo —RD$ 1 millón 500 mil, RD$ 1 millón 21 mil 560 y RD$ 2 millones 745 mil 928— eran estimaciones para corregir irregularidades y defectos de construcción. Según su réplica, esas cantidades formaban parte de reclamaciones judiciales, no de pagos efectuados. El ente auditor recogió esa distinción al precisar el monto de los anticipos. La documentación consultada no aportó resultados definitivos de los procesos judiciales.
Panaderías operativas y cerradas
La auditoría también examinó proyectos terminados que no estaban en uso. La entidad auditada atribuyó los retrasos a dificultades de las asociaciones administradoras para abrir cuentas bancarias. La CGR consideró subsanado el hallazgo y señaló que los acuerdos con las gobernaciones establecían la responsabilidad de la entidad. Esa conclusión se refiere a los argumentos y documentos evaluados, no a la confirmación de que todos los proyectos hubieran comenzado a funcionar.
Según la réplica de la institución, al momento de su elaboración, las panaderías de El Pino, en Dajabón; La Leonor, en Santiago Rodríguez; y Villa Carmen, en Las Matas de Farfán, San Juan, habían abierto sus cuentas bancarias y comenzado a operar. En cambio, las de Sabana Larga, en Elías Piña, y Carrera de Yegua, en Las Matas de Farfán, seguían cerradas porque no habían completado ese trámite. El documento no contiene una actualización posterior de su estado.
Para la Panadería Repostería Mi Propio Esfuerzo, la entidad informó que había iniciado un proceso para retirar la autorización de administración concedida a FUNDESCORENORTE. También señaló gestiones con el INVI, al que identificó como propietario del inmueble, para revocar el contrato de usufructo que permitía a la fundación utilizarlo. Buscaba recuperar la administración y la posesión efectiva del proyecto. La réplica describió acciones en curso, no una recuperación concluida.
Seguimiento y asuntos pendientes
La carta exigió un plan de acción para los hallazgos que permanecieran sin cambios, dentro de los 15 días laborables siguientes a su recepción. Debía incluir actividades, fechas de corrección, responsables, medidas para reducir riesgos, indicadores o evidencias de remediación y una fecha tentativa de comprobación por el equipo de seguimiento.
La respuesta consultada no incluyó una decisión expresa sobre dos hallazgos de la réplica original. Uno señaló que 11 de los 12 vehículos institucionales carecían de rotulado. La institución sostuvo que eran vehículos ejecutivos y se mostró dispuesta a revisar el criterio con la Contraloría. Sin una respuesta de la Contraloría sobre ese punto, no puede darse por aceptada la explicación ni por cerrado el hallazgo.
El otro hallazgo señaló una diferencia de RD$ 792 mil 8 entre el mayor general y los auxiliares de cuentas por pagar. La entidad auditada la atribuyó a la clasificación de obligaciones no comerciales, como impuestos, caja chica y aportes obligatorios. Afirmó que había entregado el detalle y las conciliaciones para comprobar la correspondencia entre los registros. La respuesta consultada tampoco incluyó una decisión del órgano fiscalizador sobre este punto, por lo que no permite establecer su cierre.
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