El abogado de Argenis Contreras, Plutarco Jáquez, denunció que existen contradicciones entre los informes periciales aportados por el Ministerio Público.
Explicó que Miguel Popotel, perito del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT – P.N.), estableció en su informe que la camioneta Ford azul, placa EL03636 salió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a las 4:28 p.m. del recinto educativo el día miércoles 11 de octubre del 2017.
Esta versión entraría en contradicción a lo expuesto por el agente Isaías Tamares, especialista en análisis de telecomunicaciones, que indicó en su informe que Contreras, a la 4:26 p.m., se encontraba en la urbanización El Cacique.
El informe de mapeo saca a Argenis de la escena de UASD. El perito de hoy dice que a las 4:28 p.m., pero la prueba pericial del teléfono que prepara el Ministerio Público lo localizó en otro lugar, apuntó Jáquez.
Fecha:11/10/2024
Otra presunta incoherencia que señaló el togado, presentada en este proceso judicial, fue que, según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el disparo entró por el lado derecho del cuerpo de Ramírez y salió por la izquierda. En cambio, el expediente del órgano persecutor dice que el disparo se produjo del asiento del chofer al copiloto (de izquierda a derecha).
Jáquez calificó la información como “un disparate”, por lo que espera que las juezas del Primer Tribunal Colegiado descarguen a su defendido.
Nuevo juicio de fondo
El juicio de fondo, que inició el 29 de julio de este año, está a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Gisell Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissell Naranjo.
Este nuevo juicio fue ordenado después de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia previa de 20 años contra Contreras en febrero de este año.
Asimismo, se anuló la absolución de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), quien ahora enfrenta una condena de dos años por corrupción administrativa, que cumplirá en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo-Hombres.