El mapeo del teléfono móvil de Argenis Contreras, sentenciado a 20 años por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, ubicó al hoy condenado en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), según declaró el mayor de la Policía Nacional Carlos Gómez.
El testigo presentado por el Ministerio Público ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional durante la celebración del nuevo juicio contra Contreras y otros cuatro implicados, validó un informe pericial que se detalla el seguimiento dado al principal imputado de la muerte del catedrático.
Plutarco Jáquez, abogado defensor de Contreras, cuestionó la imparcialidad del perito presentado, argumentando que el informe solo incluye datos de los teléfonos de su cliente y otros implicados como José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez, mientras se omiten otros señalados como Manuel Rivas, Faustino Rosario y Eddy Santana.
Jáquez calificó la información como "no relevante", afirmando que lo crucial es determinar quién fue el responsable directo del asesinato de Ramírez.
Sin embargo, las declaraciones del mayor de la Policía Nacional Carlos Gómez concuerdan con las ofrecidas el pasado lunes 2 de septiembre por el agente Isaías Tamares, especialista en análisis de telecomunicaciones, con 26 años de experiencia en la Policía Nacional, quien testificó que la última llamada recibida por el abogado Yuniol Ramírez fue realizada por Argenis Contreras el 11 de octubre de 2019.
Nuevo juicio de fondo
El juicio de fondo, que inició el 29 de julio de este año, está a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Gisell Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissell Naranjo.
Este nuevo juicio fue ordenado después de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia previa de 20 años contra Contreras en febrero de este año.
Asimismo, se anuló la absolución de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), quien ahora enfrenta una condena de dos años por corrupción administrativa, que cumplirá en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo-Hombres.