La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se reservó para el próximo 29 de julio la decisión sobre la audiencia preliminar del denominado caso Pandora, proceso en el que el Ministerio Público acusa a varios militares y civiles de integrar una red dedicada al robo y comercialización ilegal de municiones y accesorios de armas pertenecientes a la Policía Nacional.
El fiscal Emmanuel Ramírez explicó que la investigación se originó en noviembre de 2024, cuando se detectó la sustracción de miles de municiones y accesorios desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Según indicó, el Ministerio Público presentó acusación contra el entonces intendente, el coronel Félix Romero, y otros imputados, señalados de sustraer y vender el material bélico tanto a particulares como a militares.
Ramírez informó que durante la audiencia la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó formalmente la acusación, las defensas expusieron sus réplicas y el tribunal fijó la lectura de la decisión para el 29 de julio.
El representante del Ministerio Público destacó que dos de los imputados alcanzaron acuerdos mediante procedimiento penal abreviado y otros dos solicitaron ir directamente a juicio, tras presentar lo que calificó como una "defensa positiva".
"Nosotros confiamos en que este tribunal va a acoger en su totalidad la acusación y enviará a los imputados que no llegaron a un acuerdo a juicio para que sean conocidas las pruebas que le ha presentado el Ministerio Público en su contra", expresó.
Acuerdos abreviados incluyen penas y cierre de empresa
Como parte de los acuerdos con el Ministerio Público, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de arresto domiciliario, mientras que Miguelina recibió una pena de tres años, distribuida en un año y seis meses de arresto domiciliario y un año y seis meses de prisión suspendida.
Asimismo, se dispuso el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante el allanamiento realizado en ese establecimiento.
Defensas insisten en que las pruebas son ilícitas
El abogado Rafael Arnó, representante del capitán Víctor Manuel Santos, quien desempeñaba funciones en el área de contabilidad de la Intendencia de Armas, afirmó que la mayoría de las defensas solicitaron un auto de no ha lugar.
Sostuvo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son "totalmente ilícitas", además de calificarlas como pruebas "amañadas", por lo que pidió que la acusación no sea admitida.
Defensa pide variar prisión preventiva
Por su parte, el abogado Félix Ángel, defensor del capitán Nelson Mandey, encargado del almacén al momento de los hechos investigados, indicó que durante la audiencia preliminar también solicitaron la inadmisibilidad de varias pruebas de la acusación por entender que carecen de valor probatorio.
Explicó que solicitaron un auto de no ha lugar y, de manera subsidiaria, que en caso de que el tribunal decida enviar el proceso a juicio, se modifique la medida de coerción de los imputados que permanecen privados de libertad.
Precisó que alrededor de cuatro imputados continúan en prisión preventiva y recordó que algunos de los acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público mediante procedimientos penales abreviados.
En el caso de su representado, indicó que solicitó la variación de la medida debido a que lleva 19 meses en prisión preventiva.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}