Caso Jet Set: un proceso judicial entre medidas de coerción, reclamos de justicia y llamado a marcha

A casi 10 meses de la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el proceso judicial continúa su curso en medio de cuestionamientos, reclamos de justicia y una creciente presión social por parte de los familiares de las víctimas.

El derrumbe, considerado una de las mayores tragedias registradas en centros de entretenimiento del país, dejó un saldo final de 234 personas fallecidas. De estas, 221 murieron en el lugar, mientras que el resto falleció posteriormente en distintos centros de salud. Entre las víctimas mortales figura el propio Rubby Pérez, quien amenizaba la actividad al momento del colapso.

Ante la magnitud del hecho, en junio del año pasado el Gobierno anunció la entrega de un “bono de emergencia” de RD$ 30,000 mensuales por un período de seis meses a los familiares de las víctimas mortales, como medida de apoyo económico.

Ese mismo mes, a dos meses de la tragedia, el 12 de junio, el Ministerio Público arrestó al propietario del establecimiento, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, administradora del centro de diversión. Una semana después, el 19 de junio, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso una garantía económica de RD$ 50 millones, además de impedimento de salida del país y presentación periódica, declarando el proceso como caso complejo, debido al volumen de víctimas, pruebas y denuncias.

Las medidas fueron ratificadas el 8 de agosto por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que desestimó 26 recursos de apelación interpuestos por querellantes que solicitaban la imposición de prisión preventiva contra los imputados.

En la fase siguiente del proceso, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 16 de marzo de 2026 el inicio de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat.

En este contexto, abogados de las víctimas han manifestado su preocupación por la aparente lentitud del proceso. Entre ellos, Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, afirmó que en el caso del colapso del techo del Jet Set Club “habrá justicia, pero no como la gente espera”, al advertir que el proceso penal difícilmente concluiría con condenas de prisión para los imputados.

Paralelamente al desarrollo judicial, el Movimiento Justicia Jet Set, integrado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, convocó a una marcha pacífica para este domingo 25 de enero, a la 1:00 de la tarde, con el objetivo de exigir responsabilidades penales y el esclarecimiento total de los hechos.

Ante esta convocatoria, el abogado defensor de los hermanos Espaillat, Miguel Valerio, reconoció el derecho de los ciudadanos a protestar, aunque sostuvo que todo lo relacionado con el caso debe ventilarse exclusivamente en los tribunales.