El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, abrirá este viernes el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por el colapso del techo que el 8 de abril de 2025 mató a 236 personas y dejó a más de 180 heridas. Mientras el proceso arranca, el Movimiento Justicia Jet Set llega a la sala con un temor concreto: que la defensa use los acuerdos civiles firmados por familias en situación de necesidad para construir la imagen de un imputado que ya "reparó" el daño.
La estrategia de la defensa, según los materiales difundidos por el propio movimiento en redes sociales, apunta en varias direcciones. Los abogados de los Espaillat pedirán al tribunal incorporar un informe pericial privado sobre el colapso, cuestionar la extracción del teléfono celular de Antonio Espaillat y el testimonio de Gregory Adames, y llevar al ingeniero Nicolás Sáenz como consultor técnico durante el debate. Pero el punto que más alarma a las víctimas es otro: presentar como prueba los resarcimientos pagados a familias, junto con los acuerdos, descargos y desistimientos que algunas de ellas firmaron.
El movimiento, en la publicación, respondió con un mensaje directo a esas familias y al tribunal:
"Recibir un resarcimiento no significa estar de acuerdo. Nadie juzga a quienes aceptaron dinero en medio del dolor y la necesidad. Pero la defensa pretende utilizar esos acuerdos para aparentar que las familias están conformes con Antonio Espaillat. Un acuerdo civil no borra el dolor ni extingue la responsabilidad penal".
El Ministerio Público mantiene la calificación de homicidio involuntario, que en el marco legal vigente habilita una pena máxima de dos años de prisión. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reconoció en julio que esa pena "no es suficiente", aunque aclaró que es lo que permite la legislación actual. Los abogados de las víctimas exigen que cualquier condena sea de cumplimiento efectivo y no pueda suspenderse, una posibilidad que, si se concretara, equivaldría en la práctica a la impunidad.
El expediente que enfrenta la defensa es voluminoso: 156 páginas de acusación del Ministerio Público y 84 testigos convocados. En el banquillo, además de los hermanos Espaillat, figuran como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L., y las personas Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
En la víspera del juicio, el movimiento realizó frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la "Vigilia por una Justicia Verdadera", un acto de memoria que recorrió cronológicamente los 17 meses transcurridos desde la tragedia. La convocatoria buscó también mantener unidas a las familias ante lo que los organizadores describen como un intento deliberado de fragmentarlas mediante acuerdos económicos individuales.
El temor de fondo que atraviesa al movimiento es que Antonio Espaillat logre diluir su responsabilidad penal hasta dejarla sin efecto y quedar fuera del proceso. Frente a eso, la consigna que repiten es la misma desde el 8 de abril de 2025: "Por la memoria, la verdad y la justicia".
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