Al dar lectura a la parte dispositiva del fallo, el tribunal informó que la decisión fue adoptada conforme a lo dispuesto en el artículo 343, numeral 2, del Código Procesal Penal, ordenando además el cese de toda medida que hubiera sido dictada como consecuencia del proceso.
Como resultado de la decisión, los jueces rechazaron la solicitud del Ministerio Público de decomisar un inmueble ubicado en la provincia de Monte Plata, así como el pedimento de indemnización en favor del Estado por un monto de 100 mil pesos. De igual manera, la querella con constitución en actor civil fue declarada sin lugar.
Durante el juicio, el órgano acusador había solicitado el decomiso del bien inmueble, el pago de las costas procesales y la indemnización económica, mientras que la defensa requirió una sentencia absolutoria y el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas, pedimentos que fueron acogidos por el tribunal.
Tras conocerse la decisión, el representante del Ministerio Público, Miguel Collado, manifestó que respeta el fallo emitido por el tribunal, aunque aclaró que no lo comparte.
Indicó que el órgano acusador estudiará la sentencia en detalle con el objetivo de impugnarla por las vías legales correspondientes.
El proceso judicial contra Disla tiene como antecedente una condena dictada el 16 de enero de 2024, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la sentenció a cinco años de prisión suspendida tras ser hallada culpable del delito de lavado de activos.
No obstante, dicha condena fue anulada por la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de un nuevo juicio, el cual concluyó con la decisión absolutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado.
Disla es madre del coronel Rafael Núñez de Aza, señalado como uno de los principales imputados en el entramado de corrupción desmantelado a través de la Operación Coral y Coral 5G. Su proceso se desprende del expediente principal contra la red que habría desviado más de 4,500 millones de pesos del Estado mediante maniobras fraudulentas, como la simulación de contratos, la creación de nóminas irregulares y la malversación de fondos públicos.
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