Caso Calamar: Tercer Tribunal Colegiado inicia hoy juicio de fondo contra Donald Guerrero y otros implicados

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto iniciar este miércoles el juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y los demás implicados en el Caso Calamar, un proceso de corrupción administrativa que involucra un presunto desfalco al Estado superior a los RD$19,000 millones.

El tribunal está presidido por la magistrada Arlín Ventura e integrado por las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.

El envío a juicio de fondo fue dispuesto previamente por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de validar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.

Además de Ángel Guerrero, en el expediente figuran como acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes y Julián Omar Fernández.

También están procesados Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.

El Ministerio Público atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.

Durante la etapa preliminar del proceso, la jueza Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de varios de los procesados, al considerar insuficientes las pruebas presentadas para llevarlos a juicio.

¿Quiénes han sido favorecidos con el Caso Calamar?

Entre los favorecidos con esa decisión se encuentran los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; además de Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.

El caso Calamar fue destapado por el Ministerio Público en marzo de 2023. Según la acusación, los imputados habrían integrado una estructura que presuntamente desvió recursos millonarios del Estado mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

La acusación también sostiene que parte de los recursos obtenidos mediante estas operaciones habrían sido utilizados para el pago de sobornos y el financiamiento de la campaña electoral de 2020.