El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mantiene un proceso disciplinario contra las abogadas Mariel León y Lilia Fernández León, a pesar de que decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y de la Corte de Apelación dejaron sin efecto la base jurídica de la acusación que en su momento las etiquetó como “litigantes temerarias”.
La persistencia del gremio, según denunciaron las profesionales del derecho, constituye un “desafío abierto a las sentencias judiciales” y un intento de despojarlas de sus licencias para ejercer la profesión el próximo 10 de diciembre.
Las juristas explicaron en el programa El Día, conducido por la periodista Edith Febles, que la ofensiva disciplinaria surgió a raíz de su rol como defensa de una mujer víctima de violencia prolongada. Afirman que, lejos de proteger a la víctima, el CARD habría utilizado sus mecanismos internos “como un instrumento de represalia”.
León relató que fueron expuestas en medios, conjuntamente con su colega Joel del Rosario, bajo acusación de temeridad procesal, basándose en una sentencia que luego fue revocada por la Corte de Apelación, dejando sin sustento el señalamiento.
“Aun así, el Colegio siguió adelante, ignoró el fallo y, cuando el TSA también dejó sin efecto el proceso, decidieron continuar en total desacato”, denunció.
Ambas abogadas también cuestionaron la difusión de informaciones “abiertamente falsas” sobre su trabajo, diseminadas con la intención de convertir a la opinión pública en un mecanismo adicional de presión.
Según explicaron, se les ha acusado en medios de comunicación de impedir que “400 familias pobres reciban casas en Casa de Campo”, un alegato que califican de absurdo.
“Esa narrativa es una construcción mediática para desacreditarnos. Nuestra litis no impide traspasos ni afecta a ninguna familia. Es una campaña diseñada para convertirnos en las villanas de una historia que no existe”, afirmó Lilia Fernández.
Las abogadas sostienen que esa acusación forma parte de un engranaje más amplio de hostigamiento, destinado a favorecer intereses privados vinculados a la contraparte del caso de su clienta, una sobreviviente de violencia económica.
Mariel León aseguró que la actuación del CARD refleja su actual crisis institucional. Señaló que la directiva fue elegida “fuera de plazo”, que el gremio mantiene cuentas embargadas y que se ha transformado en “un aparato inquisitorial” que no respeta su propio reglamento.
Denunció, además, incoherencias en nuevas acusaciones, incluyendo un expediente “aparecido” con fecha anterior y firmado por un fiscal designado por Trajano Potentini, pese a que el Fiscal Nacional certificó meses antes que no existía proceso alguno contra ellas.
Las abogadas advirtieron que recurrirán cualquier decisión que busque ejecutar sanciones ilegales o publicarlas en medios nacionales, una solicitud del CARD que consideran inédita y violatoria de derechos fundamentales.
“El Colegio nació para protegernos. Lo que vemos hoy es una degradación tan profunda que duele”, afirmó Fernández León.
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