Una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) al Senado puso en evidencia una cadena de debilidades administrativas, contractuales, tecnológicas y tributarias durante el período 2020-2024. El informe no se limita a señalar fallas de forma: describe problemas que tocaron la organización de expedientes, el seguimiento de contratos, la seguridad de la información y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La investigación de los Estados financieros del Senado abarcó las gestiones encabezadas por el exsenador Rafael Eduardo Estrella, entre 2020 y 2023, y por el actual presidente de la Cámara Alta, Ricardo De los Santos Polanco, quien asumió la dirección del órgano legislativo en agosto de 2023.
Aunque se trata de un informe técnico, sus observaciones dejan ver una preocupación más amplia: la capacidad real del Senado para documentar cada proceso, supervisar a tiempo sus contrataciones y proteger áreas sensibles de su operación institucional.
Expedientes incompletos en compras millonarias
El primer grupo de observaciones se concentra en cinco expedientes de contratación en los que, según la auditoría, faltaban documentos esenciales. No eran procesos menores: incluían el remozamiento de baños, la construcción de un comedor para empleados, la habilitación de un salón para eventos especiales, la adquisición de ascensores y la contratación de una plataforma integrada de gestión financiera, administrativa, de nómina y régimen fiscal.
Los procesos observados superan en conjunto los RD$ 144 millones, con montos individuales que van desde RD$ 11.2 millones hasta RD$ 79.6 millones. Entre los documentos no localizados figuran garantías de seriedad de la oferta, garantías de anticipo, garantías de fiel cumplimiento, informes periciales y certificaciones Mipyme.
Para el órgano auditor, esas ausencias no son simples omisiones de archivo. La Ley 340-06 y sus modificaciones sobre Compras y Contrataciones fija el marco legal para adquirir bienes, servicios y obras públicas; por eso, cuando un expediente queda incompleto, también se debilita la posibilidad de verificar si cada actuación se ajustó a las reglas previstas.
El Senado respondió a este señalamiento en comunicaciones fechadas el 17 de junio de 2026. En ellas, el actual presidente, Ricardo de los Santos, y el expresidente Eduardo Estrella indicaron que la institución acogió la recomendación de la Cámara de Cuentas y que, a partir de esa observación, adoptó nuevas medidas de control interno.
La principal medida citada fue exigir la verificación previa en el Registro de Proveedores del Estado antes de formalizar cualquier contratación de bienes, servicios u obras. Según la respuesta institucional, esa revisión busca reforzar los principios de igualdad, libre competencia y transparencia establecidos en la Ley 340-06 y en su reglamento de aplicación.
Contratos vencidos y obras recibidas tarde
Otro capítulo sensible del informe apunta al tiempo. Seis contratos terminaron con recepciones de obras, bienes o servicios después de la fecha de vigencia pactada. Los atrasos fueron desde 33 hasta más de 400 días y afectaron proyectos como el remozamiento de baños, la construcción del comedor de empleados, la instalación de un sistema fotovoltaico, el suministro de equipos de cocina, el parqueo soterrado para empleados y la adecuación de un salón Embajadores o VIP.
En conjunto, esos contratos sumaron RD$ 402,692,376. El remozamiento de baños fue recibido 33 días después del plazo; la construcción del comedor de empleados, 118 días tarde; y el sistema fotovoltaico, 122 días después de la fecha prevista para su recepción en almacén.
La situación fue más marcada en otros procesos: los equipos y electrodomésticos para la cocina del comedor fueron recibidos 161 días fuera de plazo; el parqueo soterrado tuvo recepción provisoria 233 días después de vencida la vigencia contractual; y el contrato SEN-297-2024, relativo al salón VIP, acumuló 400 días de retraso. En algunos casos, además, no se encontró el acta de recepción definitiva, un documento clave para cerrar formalmente las obligaciones contractuales.
Ante esta observación, el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento remitió una respuesta fechada el 11 de diciembre de 2025, firmada por Ramón Novo, secretario general administrativo. En esa comunicación se indicó que la respuesta correspondía al departamento jurídico. De todos modos, la entidad sostuvo que los contratistas excedieron los cronogramas por demoras propias de la ejecución y por inconvenientes no previstos en la planificación inicial.
Para la Cámara de Cuentas, el problema va más allá del atraso. Al vencerse los plazos sin el soporte jurídico correspondiente, los trabajos quedaron expuestos a cuestionamientos sobre su validez contractual. Además, esas demoras pudieron afectar la planificación institucional, la disponibilidad de bienes y servicios y los costos asociados a proyectos cuyo valor depende, en buena medida, del tiempo.
Riesgos invisibles en la red del Senado
En el frente tecnológico, la auditoría encontró otra señal de alerta: el Senado no contaba con una herramienta centralizada para monitorear cambios accidentales o intencionales en sus controles de red y bases de datos. La propia Dirección de Tecnología reconoció, según el informe, que no disponía de ese tipo de sistema para supervisar sus bases de datos.
La observación cobra peso porque la NORTIC A7:2016, norma de seguridad para las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano, establece parámetros que las instituciones públicas deben cumplir. Sin una herramienta de monitoreo, la capacidad para detectar incidentes, fallas operativas o amenazas contra información sensible queda reducida.
Un centro de datos vulnerable
El informe también puso atención al centro de procesamiento de datos. Durante inspecciones realizadas en julio de 2025 se observaron condiciones que, para una infraestructura crítica, resultan delicadas: una puerta de madera con llavín convencional, ausencia de sistema de extinción de incendios, falta de falso piso, plafones deteriorados, objetos ajenos al área, una ventana de cristal y paredes y suelo sin revestimiento adecuado.
En una institución pública, proteger los datos no depende solo de contraseñas, servidores o programas informáticos. También exige controles físicos, prevención de incendios, registro de accesos y condiciones ambientales capaces de preservar equipos e información oficial, indica el documento.
Omisiones fiscales en obras del Senado
El informe agrega un componente tributario a la investigación. La Cámara de Cuentas identificó que, en dos obras contratadas durante la gestión de agosto de 2020 a agosto de 2023, no se evidenció la retención correspondiente del ITBIS vinculada a la dirección técnica.
Los casos señalados fueron el remozamiento de los baños, contratado mediante el contrato 012-2020 con Metus Proyecto S.R.L., y la construcción del comedor de empleados, correspondiente al CC-012-2021 y adjudicada a Constructora Morel Grullón y Asociados S.R.L. En ambos expedientes, la retención aplicable al ITBIS no quedó transparentada en la documentación contable revisada.
El monto total no retenido ascendió a RD$ 425,416: RD$ 96,737 correspondían al remozamiento de baños y RD$ 328,679 a la construcción del comedor de empleados, de acuerdo con el cuadro incluido en el informe.
La norma citada por la auditoría es la 07-2007, que regula la aplicación de la exención a los activos de ISR y del ITBIS en el sector de la construcción. Conforme a esa disposición, cuando los trabajos de construcción son facturados por una persona jurídica, el ITBIS aplicado queda sujeto a una retención del 30 %. En los contratos de administración, además, el impuesto se calcula sobre el monto total del porcentaje percibido por la dirección técnica.
La entidad reconoció la observación en una comunicación del 11 de diciembre de 2025, también firmada por Ramón Novo. En esa respuesta atribuyó la omisión a “un error involuntario” y admitió que no se descontó el 30 % correspondiente conforme a la Norma General 07-2007.
Para la Cámara de Cuentas, esa omisión dificulta comprobar la exactitud de los impuestos reportados por los trabajos ejecutados y limita la fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos. Vista en conjunto, la auditoría dibuja un patrón de debilidades que va desde expedientes incompletos y retrasos contractuales hasta fallas tecnológicas y omisiones tributarias, todas con un punto en común: la necesidad de fortalecer los controles internos y dejar mejor documentado el uso de los recursos públicos.
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