Australia ha establecido un nuevo mecanismo para obligar a las grandes plataformas tecnológicas a contribuir económicamente al sostenimiento del periodismo, en respuesta a las dificultades que han enfrentado los medios de comunicación para negociar con las compañías digitales.
La medida, denominada News Bargaining Incentive, contempla para plataformas como Meta, Google, TikTok y LinkedIn una obligación potencial equivalente al 2.5 % de sus ingresos por venta de publicidad digital en Australia.
El mecanismo permite a las empresas reducir o evitar ese pago mediante acuerdos directos con medios de comunicación australianos. Para ello, deberán alcanzar al menos ocho acuerdos, con la condición de que ninguno de los medios beneficiarios pueda representar más del 25 % de la obligación total.
En caso de que las plataformas no logren concretar suficientes acuerdos o no cubran mediante estos convenios el monto que les corresponde, deberán realizar un pago al Gobierno australiano, que posteriormente distribuirá los recursos entre distintos medios.
Del dinero recaudado por el Estado, el 5 % estará destinado a Australian Associated Press (AAP), la agencia nacional de noticias sin fines de lucro.
La iniciativa surge después de la experiencia del News Media Bargaining Code, aprobado en Australia en 2021 para impulsar acuerdos comerciales entre las grandes plataformas digitales y los medios locales.
Ese modelo generó acuerdos entre compañías tecnológicas y publishers, pero también evidenció las dificultades para garantizar que las plataformas continuaran participando. Meta, propietaria de Facebook, optó por no renovar algunos acuerdos y retiró las noticias de sus servicios en Australia.
Con el nuevo esquema, las autoridades buscan cerrar posibles vías de evasión y establecer que, aunque una plataforma decida no alojar noticias, pueda mantenerse una obligación económica respecto al ecosistema periodístico.
La disposición también pretende evitar una excesiva concentración de los recursos en unos pocos grandes grupos de comunicación, al establecer un límite para la participación que puede representar cada acuerdo.
El modelo australiano abre, sin embargo, un debate sobre el papel que deben asumir las grandes tecnológicas frente al periodismo. Mientras sus defensores consideran que las plataformas se benefician de la circulación y distribución de contenidos informativos y, por tanto, deben contribuir a su sostenibilidad, sus detractores pueden cuestionar la imposición de acuerdos comerciales y la intervención estatal en las relaciones entre empresas privadas.
La medida también plantea interrogantes sobre el futuro de los medios independientes. Aunque la distribución de los recursos puede ampliar las posibilidades de financiamiento, existe el riesgo de que los grandes grupos tengan mayores capacidades legales y comerciales para negociar con las plataformas.
En un contexto de crisis económica para numerosos medios de comunicación, el sistema australiano apuesta por diversificar los beneficiarios y evitar que la negociación entre tecnológicas y medios quede concentrada en unos cuantos actores.
Australia se convierte así en uno de los principales referentes en la búsqueda de mecanismos para que las grandes plataformas digitales contribuyan económicamente al ecosistema informativo.
Para las compañías tecnológicas, la publicación o distribución de noticias puede continuar siendo una decisión empresarial. Sin embargo, bajo el nuevo esquema australiano, contribuir económicamente al sostenimiento del periodismo pasa a ser una obligación cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa.
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