La Cámara de Cuentas realizó una auditoría a la información financiera correspondiente a los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Embellecimientos de las Carreteras y Avenidas de Circulación del país (Digecac), identificando irregularidades por cientos de millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2012 y 2021.
La finalidad de esta entidad consiste en gestionar, mediante todos los recursos disponibles, la provisión de arboledas ornamentales en las áreas aledañas a carreteras, autopistas y avenidas, con especial énfasis en las vías troncales, como la Duarte, Sánchez y Mella.
El informe final elaborado por el órgano fiscalizador registró las irregularidades ocurridas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021. Este documento analiza varias administraciones, abarcando los periodos de gobierno de Danilo Medina y el primer año de Luis Abinader.
El informe final identifica irregularidades en la administración de fondos, evidenciando deficiencias en los procesos de transparencia y control administrativo. Entre los aspectos más destacados, se señala la captación de recursos extrapresupuestarios no registrados por la entidad, que ascienden a RD$ 223,965,217, lo cual representa un incumplimiento relevante de las normativas contables y fiscales vigentes.
Asimismo, se identificaron pagos en efectivo al personal jornalero por un monto total de RD$ 57,581,439, realizados sin la firma de los beneficiarios ni mecanismos claros de justificación. Adicionalmente, los cheques fueron emitidos a nombre de una empleada de la entidad, lo que incrementa el riesgo de prácticas de malversación y uso indebido de recursos públicos.
El documento, compuesto por 215 páginas, señala la presencia de irregularidades en los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios. Se destaca la falta de documentación que respalde los procesos de selección correspondientes a un monto total de RD$ 134,763,053.
Se han detectado adjudicaciones contractuales que no se ajustaron a los principios de libre competencia, equidad y participación, por un monto total de RD$ 46,426,767. También se identificaron compras fraccionadas en la adquisición de vehículos por un importe de RD$ 7,590,066, lo que puede indicar una posible intención de evadir los controles administrativos establecidos, según la auditoría.
El informe indica que se identificaron procesos de adquisición realizados de manera irregular, cuyo monto asciende a RD$ 14,551,774, lo que refleja incumplimientos en los procedimientos. Asimismo, se detectó la omisión de la retención de impuestos sobre la renta en pagos efectuados a proveedores por un importe de RD$ 1,013,073, situación que puede dar lugar a sanciones fiscales.
La fiscalización indica que se observó la ausencia de vehículos motorizados en el inventario y la existencia de otros a nombre de casas comerciales, lo que genera dudas sobre su asignación y uso, expresa el informe.
Igualmente, se detectaron irregularidades durante la ejecución de las obras, entre las cuales se incluyen pagos superiores a lo realizado en campo por un monto de RD$ 1,387,448 pesos; también se registraron pagos en exceso por RD$ 512,942 pesos, dice el informe pericial.
Otras incidencias incluyen retenciones no efectuadas conforme a la Ley n.º 6-86 (1 %) por 26,184; cubicación de obra con gastos indirectos no correspondientes (153,398); pagos de imprevistos sin justificativos (796,201); supervisión de obras pagadas al contratista (121,564); falta de póliza de fiel cumplimiento del contrato (134,426) y de póliza de vicios ocultos (694,500); así como pagos de partidas con precio alzado (P.A.) sin los sustentos requeridos (3,211,595).
Respecto a las retenciones, se identificaron discrepancias en el ITBIS por un monto de RD$ 54,952 pesos, impuestos sobre la renta no retenidos por 34,635 pesos y retenciones del 1×1000 correspondientes al CODIA no aplicadas por 24,567 pesos.
La Cámara señala que, tras revisar 37 expedientes de colaboradores, se detectaron deficiencias significativas debido a la falta de documentación esencial, incluyendo exámenes médicos, certificados académicos, antecedentes penales y currículos, situación que afecta el control y la gestión del personal.
En la revisión de la cuenta de combustibles y lubricantes del periodo 2012-2021, se detectó que la entidad carece de una normativa interna para su manejo y distribución, lo que dificulta el control adecuado en su asignación, precisa el informe.
El uso indebido de recursos del Estado contravino diversas leyes que regulan la administración pública. La investigación financiera señala que las personas responsables podrían enfrentar sanciones tanto administrativas como legales debido a su falta de cumplimiento.
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